El ajuste fiscal es inevitable. Desde septiembre 2014, cuando cayó el precio de petróleo, hasta mayo 15 de este año, cuando se puso fin al socialismo del siglo XXI, lo que se hizo fue posponerlo, deteriorando la situación: la cuenta de los intereses a pagarse subió escandalosamente.

Cambió el entorno internacional, y se dificulta colocar bonos. Si no colocamos, el ajuste será brutal y fuera de control. Es menos doloroso y más efectivo que el ajuste sea conducido por las autoridades.

¿Ese ajuste debe ser abrupto o gradual? Con sucres fue siempre abrupto, y el costo lo pagaron los endeudados en dólares y los empleados: se devaluaba, se pulverizaban salarios públicos y privados por igual. Generaba el problema del repunte de la inflación.

En dolarización puede ser abrupto o gradual. Cada una de estas estrategias tiene sus fortalezas y debilidades.

Un ajuste abrupto tiene a su favor que en corto tiempo se supera el problema. Lo negativo es una depresión profunda, empresas que quiebran, bancos que trastabillan, masas de gente que pierden el empleo. Ese camino lo siguieron los países bálticos, que tenían una válvula de escape: los desempleados podían migrar a otros países de la Unión Europea y trabajar legalmente sin tener que tramitar algún permiso especial.

Ajustes de este tipo no creo viable en el Ecuador de hoy: la reacción social sería fuertísima.

El gradualismo tiene como peligro que el compromiso con el ajuste se enfríe con el tiempo y quede incompleto, con lo que no se resuelve el problema; el país se pasa largos años estancado, birlándole el futuro a los jóvenes.

Lo más adecuado sería gradualismo, pero pisando fuerte en el inicio y con una ruta con metas concretas plasmadas en ley, cuando sea posible. Lo importante es dar señales claras de que las medidas van por buen camino, para que empresas y ciudadanos podamos tomar decisiones que apoyen la recuperación.

Ejemplos:

-Las autoridades anunciaron que no van a renovar los contratos ocasionales o temporales en la administración pública. Si se cumple a rajatabla (eso es lo difícil), significaría una importante reducción escalonada del número de empleados públicos este año y 2019. Lo que se podría complementar con la supresión de instituciones inútiles que crean trámites engorrosos para justificar su existencia.

-El precio de los combustibles podría subir en 25 centavos tanto el galón como el cilindro de gas. No es un paquetazo, no trastoca las finanzas de las familias, pero al cabo de pocas alzas anuales de esta magnitud, tendríamos precios internacionales para los combustibles.

-El ISD, impuesto que desalienta el ingreso de capitales, puede eliminarse gradualmente en tres años.

-Para mejorar la situación actuarial del IESS, cada trimestre podría aumentarse la edad mínima para jubilación en un mes. Para los que están por jubilarse este año y el próximo, esto solo demoraría por pocos meses la edad de retiro, pero al cabo de 16 años se habría elevado la edad de jubilación en cuatro años. Esto es necesario porque vivimos más largo.

Estas y otras medidas similares permiten el ajuste dando tiempo a que ciudadanos y administración pública se adapten. Es mejor ajustarse despacito, aunque no tanto. (O)