El legado nefasto dejado por el gobierno anterior en relación con el manejo de materia hidrocarburífera ha sido evidente y abrumador, en muchos casos comprobados por vía legal y condenados tibiamente por las autoridades competentes. Al inicio del gobierno de “manos limpias” se encargó la gestión de la empresa petrolera, Petroecuador EP, a la cúpula de la Armada Nacional de ese entonces, dando inicio a una etapa excesiva e injustificada de declaratorias de emergencia con los consecuentes resultados negativos, pues hasta la presente fecha los ecuatorianos ignoramos si existe alguna sanción por parte de autoridades de control ante el abuso de esa facultad. Es decir, los marinos ejercieron su labor con total desconocimiento sobre la administración estratégica de nuestro petróleo. Y así lo denuncié a través de esta columna de opinión de manera oportuna y los califiqué como “petroleros por decreto ejecutivo”, porque de la noche a la mañana aparecieron como expertos en este tema, gracias a la repudiada Revolución Ciudadana. Recuerdo que en el primer concurso abierto, la cúpula naval decidió adjudicar a varias empresas a precios ofertados por los interesados, sin solicitar –como fue práctica común en estos casos– que otras empresas participen y opten por un cupo e igualen su oferta a la ganadora. Ocurrió que cierta concursante, haciendo tremendo esfuerzo económico, ofreció un diferencial de hasta USD 3 más caro que la ganadora, que estaba ubicada en último lugar. Insólito, pero sucedió. ¿Qué consecuencias hubo por esta acción? Lo ignoro.

A los genios petroleros (marinos) se les ocurrió la “magnífica” idea de vender el crudo a empresas estatales, eliminando al 80% de empresas legalmente registradas en Petroecuador EP; esto dio inicio al inmoral uso de empresas estatales como pantalla de ciertas empresas privadas, afines a sus intereses, que hicieron su agosto al llevarse más petróleo nacional sin participar en los concursos antes establecidos. Y sin más esfuerzo que sentarse a negociar con los funcionarios navales designados por el expresidente Correa y “dueños” de nuestra riqueza, quienes jamás explicaron al país las ventajas económicas de esas negociaciones. Esta situación dio origen a los escándalos sobre Petrochina, Petrotailandia, OTI, denunciados también en esta columna. Y confirmado por la revista Plan V, que determina a posibles usufructuarios de estos negocios a las empresas Core Petroleum, Castor, Gunvor, etc.

La pésima gestión de los navales de implementar negocios entre estatales permitió que las “emergencias” se generalizaran, dando origen a las contrataciones directas, es decir, sin el respectivo concurso de ofertas. La primera fue con la estatal Petrochina, que dio inicio a la desgracia financiera para las arcas fiscales y por ende para los ecuatorianos. Recuerdo que Correa fue advertido de la inconveniencia y perjuicio de ejecutarlo, pero de forma infame lo autorizó.

Flopec EP, la naviera estatal, fue otra empresa en la que primaron los convenios a dedo, sin concursos. Mucho escribí sobre este tema. Contrató sin previo concurso con la empresa ST –subsidiaria de la multinacional Glencore– eligiendo a un bróker internacional a dedo para pagarle 2,5% de comisión de toda transacción, porcentaje excesivo en relación a lo que se pagaba en el mercado mundial, situación que sigue vigente en el actual gobierno. No se sabe si la CGE, el nuevo funcionario de la EMCO, el ministro de Hidrocarburos u otra autoridad haya solicitado explicaciones al respecto o pronunciado sobre tan irregular contrato perjudicial para el país. Fueron 10 años sin un verdadero ente de control, sin justicia y sin fiscalización. (O)