El presidente no ha sido suficientemente informado por el representante del Ecuador en el seno de la OEA respecto de un documento harto importante, de lo contrario, el indicado representante no se hubiera abstenido en la votación dada en la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que aprobó la resolución que desconoció la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo pasado, en las que Maduro fue reelegido.

El documento referido es el ‘Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela’, del 29 de mayo de 2018 (http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf ).

Se trata de una investigación relacionada al Tercer Informe sobre la Situación en Venezuela (julio-2017), del secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde señaló “evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña planificada para aplastar la oposición al Régimen”.

El panel de expertos entrevistó a testigos y documentó los ataques a la democracia, a los derechos humanos, quebrantamiento del Estado de derecho, agresiones a alcaldes y legisladores. Detectó los patrones sistemáticos y generalizados de persecución política a estudiantes, civiles, incluso a miembros de las fuerzas armadas, dentro de un plan del Gobierno en contra del “enemigo interno”. Asimismo, estableció más de 12.000 detenciones arbitrarias de manifestantes desde el 2014, 289 casos de tortura y 192 casos de violaciones sexuales a personas bajo el control del Estado.

Los expertos también constataron la ausencia de la justicia. Que los jueces están sometidos a hostigamiento e intimidación, y que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia evidencian la ausencia total de separación e independencia de poderes. Mencionan el ataque a la ex fiscal general Ortega y a la Asamblea Nacional Constituyente, así como el juzgamiento de civiles por tribunales militares. Encontraron pruebas del involucramiento del aparato del Estado –incluida la cadena de mando– en asesinatos y torturas.

El informe, al que debería tener acceso el presidente Moreno, concluye “que existe fundamento suficiente, que satisface los criterios de prueba contemplados en el artículo 53 del Estatuto de Roma, para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluyendo los crímenes de asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas…”.

Los expertos tomaron conocimiento de la existencia de por lo menos 131 asesinatos cometidos contra manifestantes, por miembros del aparato de seguridad del Estado y/o de los colectivos, y de por los menos 8.292 casos de ejecuciones extrajudiciales, cometidos como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, especialmente contra personas identificadas como oposición. También constataron personas perseguidas, incluyendo víctimas de privación deliberada de alimentos y medicinas. En los crímenes, comprobaron un evidente nexo de persecución por motivos políticos. (O)