El fiscal general encargado, Paúl Pérez, señaló el jueves en la Corte Nacional que el secuestro del exlegislador Fernando Balda en Bogotá, en el 2012, es un “crimen de Estado”. Indicó que los policías involucrados pertenecían a la Secretaría de Inteligencia (Senain) y respondían a la Dirección de Inteligencia: “En este caso se cometió un delito utilizando recursos y funcionarios del Estado”.

Como prueba citó dos cheques de la cuenta de Gastos Especiales de Inteligencia, por 10 y 11 mil dólares, que fueron entregados al agente que viajó a Colombia para supuestamente ejecutar el delito. Añadió que en Colombia ya los ejecutores cumplen sentencia.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, ordenó la prisión preventiva para el ex secretario nacional de Inteligencia Pablo Romero y el ex director de Inteligencia de la Policía general Fausto Tamayo. Con estas dos vinculaciones suman cinco los indagados en este caso.

Según el abogado de Balda, ya se ha detenido a los involucrados de los mandos bajos, ahora se vinculó a quienes son parte de los mandos medios y falta llegar a los altos.

Sigue pendiente transparentar los fines que perseguía la Senain en este caso, pues cuando se dispuso su eliminación, se argumentó que la decisión respondía a medidas de austeridad y al clamor ético de la ciudadanía. (O)