No existe justificación para quienes sufren la injusta y penosa situación de un secuestro, tampoco para la angustia e incertidumbre de sus padres, cónyuges, hijos y más familiares. No tiene sentido ese sacrificio.

Los ecuatorianos estamos perturbados por el incremento de la inseguridad en nuestra frontera con Colombia, donde desde hace muchísimo tiempo se conoce que operan guerrilleros, disidentes de esas organizaciones, delincuentes comunes de distinta nacionalidad (también binacionales, con dos cédulas) dedicados al secuestro, extorsión, contrabando de gasolina, de gas doméstico en bombonas y al narcotráfico.

Pocos dudan de que la situación era desconocida por las autoridades del gobierno de Rafael Correa, siempre impasible ante las denuncias y evidencias. El gobierno colombiano del presidente Santos también estuvo transitando en esa senda de comodidad, hasta que no tuvo más opción que reconocerlo.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, expresó con claridad esta semana que la zona de frontera entre Colombia y Ecuador es una verdadera amenaza tanto para Colombia como para Ecuador. Pero intuimos que Martínez y otras autoridades colombianas sabían desde antes de que se produzca el cruel evento, del plan y de quienes están detrás del secuestro de los dos periodistas ecuatorianos del diario El Comercio y su conductor. Incluso, según palabras de Martínez, estarían enterados de la ubicación de los secuestrados: “Estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana, (aunque) las autoridades ecuatorianas afirman que están en Colombia, pero las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que están en el territorio ecuatoriano”.

La aclaración del fiscal general tal vez busca alejar al Estado colombiano de sus responsabilidades sobre la seguridad de los secuestrados, mientras se encuentren en territorio colombiano. Las autoridades de ese Estado, por mandato de su carta constitucional, deben asegurar la vida de los extranjeros, en igualdad que a los colombianos, sin discrimen, pues el derecho a la vida es inviolable. Tanto esa Constitución como la del Ecuador advierten que nadie debería ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Así como la responsabilidad y primerísima prioridad del Estado ecuatoriano es preservar la vida de nacionales y extranjeros bajo su jurisdicción, también le alcanza esa responsabilidad al Estado colombiano, en iguales circunstancias. Tanto más que las secuelas del afán de poner fin al conflicto colombiano con las FARC nos ha comprometido evidentemente, a pesar de las advertencias de especialistas a las autoridades de ambos países.

Según lo reconoció el secretario particular del presidente Moreno, la persecución del (actual) Gobierno es precisamente la que ha generado la zozobra de los delincuentes en la frontera y los incomoda, llevándoles a reaccionar con actos terroristas. Ese aserto sugiere que definitivamente el anterior gobernante sí les permitió amplio movimiento en sus actividades ilícitas a los guerrilleros asociados con el narcotráfico.

Si el Gobierno colombiano tiene información de que nuestros compatriotas fueron secuestrados “por el Grupo Armado Residual liderado por alias Guacho, quien no se acogió al proceso de paz entre el grupo hoy desmovilizado y el Gobierno Nacional (colombiano)”, y tiene pruebas de su actual ubicación, entonces que comparta toda información y brinde apoyo efectivo para que retornen salvos a sus familias. (O)