Un plan económico: el desafío frente al futuro

Martes, 13 de Marzo, 2018 - 06h21
13 Mar 2018
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13 Mar 2018

Transcurrido casi un año del cambio de gobierno, el presidente Moreno se apresta a presentar al país el Plan Económico que sería aplicado –se asume– en el período 2018-2021. En esta nota se discuten algunos aspectos relativos a la lógica y alcance que debería, en mi opinión, contener dicho instrumento.

Entre 2007 y 2017, como se ha reconocido oficialmente, los malos resultados fiscales, las dificultades de las cuentas externas, la evolución de los precios (¿deflación?), los desajustes en el mercado de trabajo, la deuda externa e interna, el improvisado manejo de la seguridad social y del BCE, las restricciones en el comercio exterior y su escasa diversificación, la persistencia de una polarizada estructura social y, sobre todo, la aún limitada capacidad de maniobra futura, muestran el resultado de un “experimento” (¿una “revolución de mercado”?) que no comprendió –o no lo quiso hacer–, en medio de condiciones excepcionales, las bases del funcionamiento de la economía.

Su estructura actual y, por cierto, de la sociedad nacional, responden a una organización en la que el vínculo del colectivo es, guste o no, el mercado (producción, salarios, seguros, intermediación financiera, etcétera). Este tipo de organización social tiene características propias, que pueden entenderse solo si las formas regulatorias siguen patrones compatibles. Modalidades externas a su lógica las afectan: los operadores privados, los agentes clave, apuntan siempre a maximizar su beneficio. Cuando esto no es posible, simplemente cambian de preferencias o de destino (forma o ‘espacio’).

No significa lo señalado que en las sociedades de mercado no se deba enfrentar las desigualdades, la falta de oportunidades y la pobreza. No. Hay políticas que bajo responsabilidad pública pueden –y deben– ser aplicadas para corregir esos problemas. Siguiendo a A. Sen, “no hay muchas canciones populares sobre el capitalismo, pero sí se han compuesto muchas en honor de la justicia social”. La sociedad financia las necesidades de los agentes privados para el ejercicio de su tarea y es justo definir una contrapartida.

Las políticas arrojan resultados positivos cuando la gestión macroeconómica es correcta y se encuentra sectorial e instrumentalmente interrelacionada y define el necesario “puente” macro-microeconómico.

Un par de ejemplos sobre la realidad del Ecuador actual: lo discutido en estos meses sobre la posición fiscal y la política comercial. En el primer caso, en 2017 se registró un déficit cercano al 6% del PIB; asimismo, la deuda (casi 7% del PIB) condiciona aún, severamente, la recuperación de la economía. En estas condiciones, un ajuste gradual por el lado del gasto y de la deuda debería ser puesto en práctica, para evitar shocks sobre la demanda agregada, el empleo y la gestión de los requerimientos sociales más urgentes.

Lo anterior obliga a redefinir prioridades en materia de gasto e inversión. Los ajustes no pueden ser generales sino relacionados con objetivos-país precisados de partida. La inversión pública, por ejemplo, no puede desligarse de esos objetivos y de las tendencias de fondo de la coyuntura, a las que deberán adaptarse las nuevas prioridades. No se puede invertir en obra pública sin “beneficio de inventario” (¿Ocho hidroeléctricas?).

El Ecuador no ha tenido sino episódicamente políticas fiscales serias, que han tratado, sin éxito, de inducir la sostenibilidad y el equilibrio desde una óptica de largo plazo. Se tiende, durante las crisis, a creer que no hay espacio para la rigurosidad del gasto, porque aquellas se agudizarían y se pasaría la factura a los sectores sociales menos favorecidos.

La economía está al servicio del bien común y debe identificar las instituciones y las políticas que promueven el interés general frente a los desajustes de coyuntura.

Este enfoque lo sostienen sectores autocalificados como “heterodoxos”. ¿Pensar entonces en reglas fiscales? Las reglas fiscales (y de deuda, por supuesto) privilegian ciertamente el enfoque por prioridades. Esto posiciona mejor las cuentas del Gobierno central y genera un clima propicio para la reactivación de la inversión privada. Hay que limitar, bajo criterios de calidad, la discrecionalidad de la autoridad fiscal. La disciplina envía señales y regula el mercado, favoreciendo las expectativas de los agentes.

De su lado, lograr la mayor vinculación al mercado internacional, vía más exportaciones; procurar su diversificación; estimular las inversiones nacionales y extranjeras; en fin, favorecer la seguridad jurídica, también depende de la gestión macroeconómica: tales resultados no alcanzan los países que no cuidan los equilibrios fundamentales. Las intenciones y el discurso no son suficientes. La suscripción de acuerdos comerciales serios, duraderos y equitativos mejora los saldos externos, los precios, la creación de comercio y las transferencias internas, si y solo si hay márgenes de maniobra, lo que depende del manejo relacionado entre las esferas global y sectorial. También dependerá de la consistencia de los objetivos-país establecidos y de la responsabilidad que ante los mismos asuman empresarios y trabajadores. Históricamente, la iniciativa de los primeros, si se compara con lo ocurrido en otros países, continúa siendo poco proactiva.

Como señalaba en una entrega anterior, la economía de mercado no es un fin per se sino un instrumento imperfecto susceptible de un manejo que genera formas superiores de organización. Esto es precisamente lo que los “experimentos” no procesan correctamente. Ninguna solución puede hacerse sin precisar bien objetivos-país e instrumentos. Y sin equilibrios básicos.

J. Tirole, nobel de Economía 2014, decía que la economía no está ni al servicio de la propiedad privada y de los intereses individuales, ni al servicio de quienes desearían utilizar el Estado para imponer sus valores y hacer prevalecer sus intereses. La economía está al servicio del bien común y debe identificar las instituciones y las políticas que promueven el interés general frente a los desajustes de coyuntura.

En consecuencia, el Plan debería ser global, integrado e integrador. Sujeto a monitoreo permanente. Debería responder a una aplicación especializada y ser temporalmente coherente. El Estado moderno es un regulador para el buen funcionamiento del mercado; la empresa, por su parte, tiene a su cargo las decisiones de inversión y de responsabilidad social para el logro de los objetivos y la eficacia de las políticas e instrumentos que garantizan su consecución.

Estado y empresa –también los trabajadores– deben inducir la modernización tecnológica, en un mundo que cambia aceleradamente. Es trascendental –vista la experiencia reciente– no reeditar la supuesta contraposición Estado-mercado: ambos son complementarios y no exclusivos. El mercado tiene necesidad de regulación; y el Estado, de competencia y de estímulos, en medio de las funciones que la sociedad les asigna. Y solamente esas, sin interferencias, corporativismo o intervencionismo. El Plan debería asimismo asumir que la autarquía solo genera distorsiones: eso parece que consideraron los países latinoamericanos que acaban de suscribir un TPP reformulado, sin los EE.UU. ¿Cuál será finalmente el alcance de nuestro Plan? Enorme desafío, por el futuro. (O)

Un plan económico: el desafío frente al futuro
Transcurrido casi un año del cambio de gobierno, el presidente Moreno se apresta a presentar al país el Plan Económico que sería aplicado –se asume– en el período 2018-2021.
2018-03-13T06:21:44-05:00
El Universo

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