El debate actual sobre la familia tiene una línea temática nueva, propuesta por quienes plantean el reconocimiento de formas diferentes a las tradicionales. Es un diálogo que debería potenciarse en todos los escenarios sociales, en los cuales la presentación respetuosa de los argumentos de las diversas posiciones sea el mecanismo idóneo con el que se puedan tomar las mejores decisiones para el bienestar colectivo. La afirmación clásica sobre el rol de la familia plantea que es el núcleo central de la sociedad. Personalmente estoy de acuerdo con ese enfoque y considero que su importancia es trascendental, porque desde su cohesión o ruptura, se incide positiva o negativamente en el ordenamiento social.

En tanto sostengo que la concepción de la ética social en el Ecuador subyace en gran medida en la conexión de los individuos con su bienestar personal y el de sus familias, priorizando sus conveniencias propias frente a los intereses colectivos. Esta hipótesis, que no se formula para que sea debatida y más bien se la soslaya, quizá, porque la respuesta podría ser culturalmente obvia… ¡la familia ante todo! Muchos piensan que la principal responsabilidad de los individuos es la excluyente protección de sus familias en todos los ámbitos, sin considerar la naturaleza diferente de otros escenarios como el público, que es el espacio común que nos une y ordena la convivencia civilizada, donde se respetan los derechos de todos y no solamente de parientes y amigos. Aquellos que así actúan, proyectando a lo público sus preferencias familiares y de relaciones, creen que sus afectos pueden trascender los límites filiales y de amistad, invadiendo el escenario social y jurídico, definido por principios diferentes como la igualdad ante la ley y, en muchos países, por la concreta prohibición del nepotismo o preferencia por familiares o amigos para el otorgamiento de cargos públicos o contratos con la administración del Estado.

Y así, muchos, cuando pueden hacerlo, prefieren a los de su entorno familiar y de relaciones, en detrimento de los derechos de los otros que carecen de ese tipo de vínculos, justificando sus decisiones por la idoneidad profesional de los escogidos, claro, para camuflar la parcialidad. En Ecuador existen leyes que prohíben el nepotismo, sin embargo, vemos que parientes y amigos de funcionarios se benefician de sus relaciones ya sea como asesores, contratistas o empleados, utilizando una serie de mecanismos que disfrazan esa realidad, otorgándole visos de legalidad, que para muchos es suficiente, pues no les interesa ninguna validación ética.

Los individuos y las sociedades requieren de objetivos claros que otorguen sentido a su cotidianidad, orienten su inmediatez y les proyecten vitalmente en su devenir, ¡desafiándoles! Para nosotros, ecuatorianos, el objetivo mayor debería ser mejorar los niveles concretos de la ética pública. Para hacerlo, requerimos formación moral orientada al entendimiento y asimilación de la importancia de lo colectivo y el respeto al derecho. Si no lo hacemos, seguiremos fortaleciendo las argucias y las triquiñuelas, propias de la corrupción, que nos permiten decir que somos correctos porque guardamos las formas, cuando en realidad somos venales y nos interesa muy poco el bien común. (O)