De acuerdo a varias notas de prensa que han estado apareciendo sobre contratos relacionados con temas petroleros, hay personas que insisten en que se levante la confidencialidad para establecer si existen cláusulas en beneficio de los contratantes o terceros, que vayan en perjuicio de los intereses del país, más allá de los términos generales de contratación de la época en que se celebraron o que hayan maximizado prebendas a cargo del patrimonio de los ecuatorianos.
Todo contrato que no tenga que ver con temas de seguridad nacional debe ser público, más aún si se relaciona con dinero público, deudas, recursos naturales, etcétera; y, más aún si respalda el riesgo país como indicador para la emisión de bonos y obligaciones en el mercado fiduciario nacional e internacional. El principio es que no se puede ocultar información ni a eventuales inversores, ni a los contribuyentes ni a los dueños de los bienes públicos, por eso se deben usar las vías contractuales pactadas para levantar cualquier confidencialidad y expedir leyes que erradiquen esta mala práctica con miras a fortalecer la transparencia como política de Estado. No obstante que es un tema de legalidad, casi con seguridad deberá involucrar, en algún momento, cláusula constitucional, porque en este país con índices tan bajos de seguridad jurídica, el principio o la regla constitucional parece ser el único camino seguro para la creación de normas de conducta; aunque nunca dejan de ser vulnerables a los intereses políticos del momento.(O)
Carlos Cortaza Vinueza, abogado, Guayaquil
