El debate jurídico ha desplazado al político en el affaire del vicepresidente. Cualquier persona atenta a los programas radiales o que lea las crónicas de la prensa está enterada de los días necesarios para el juicio político y de los que deben pasar para que este fracase. Sabe cuándo es necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional y cuándo su utilización constituye un recurso para ganar tiempo. Incluso puede citar algunos artículos de la Constitución y de las leyes que norman los procedimientos judiciales. Pero toda esa sabiduría va perdiendo actualidad cuando la situación judicial del personaje –que ahora tiene todo el tiempo para ilustrarse en El Rincón del Vago– es cosa juzgada. Hay pocas probabilidades de que en la apelación se revea la sentencia, de manera que es más conveniente preocuparse de lo que vendrá.

Lo que viene es estrictamente político, porque se trata del nombramiento de un nuevo vicepresidente. Según lo aprendido en estas últimas semanas, el procedimiento es relativamente sencillo. La Asamblea debe escogerlo de una terna enviada por el presidente de la República. Si no lo hace dentro del plazo de treinta días, quedará elegida la persona que la encabeza. El misterio no está ahí, sino en la doble decisión que debe tomar Lenín Moreno para dar ese paso. Doble, porque debe definir los nombres que conformarán la lista y escoger el momento preciso para enviarla a la Asamblea. Ambas son decisiones estrictamente políticas y marcarán en gran medida lo que sucederá en adelante, no solamente con el inútil cargo de la vicepresidencia, sino con el destino de su gobierno.

Para la selección de los integrantes deberá utilizar varias balanzas, ya que tendrá que evaluar el peso de los factores ideológicos, regionales, de género, de lealtad, de aceptación, de integridad, honradez y, sobre todo, de clara alineación política con el programa presidencial. Si no va a ser tarea fácil encontrar tres personas que tengan todas o la mayor parte de las cualidades necesarias, más duro va a ser satisfacer a cada uno de los grupos que esperan ser la cantera de la que salga el nombre. Pero la mayor complicación será la definición del programa con el que deba alinearse esa persona. Hasta ahora no hay pistas al respecto y seguramente no existirán hasta después de la consulta, porque al presidente no le conviene hacer definiciones que gustarán a unos, pero disgustarán a otros. Por el momento su fortaleza está en la indefinición que da esperanzas a todos los grupos.

Para angustia del presidente, los hechos no marchan al ritmo de sus conveniencias. El martes de la próxima semana, Jorge Glas cumplirá noventa días fuera del cargo y, consecuentemente, deberá ser reemplazado de inmediato. Por tanto, a menos que venturosamente se presente un enredo jurídico de esos que alargan los plazos y postergan las decisiones, el presidente deberá conformar la terna antes de febrero. Eso significaría enfrentar la consulta con grupos resentidos y con un programa que alejará a muchos. Las urgencias presidenciales no son jurídicas, son políticas. (O)