¿Cuántos de nosotros nos sorprendíamos cuando escuchábamos noticias sobre tiroteos en instituciones educativas en Estados Unidos? Como ya sabemos, el saldo de víctimas de esos tiroteos era alarmante; niños muertos o heridos, producto de un desquiciado mental. Seguramente la angustia de los padres era una de las peores cosas ya que nadie sabía en qué momento ese acto condenable podía volver a repetirse.
Yo, en particular, daba gracias a la vida porque esas barbaries no se suscitaban en mi país; pero me equivoqué. Aquí (Ecuador) no hay tiroteos en instituciones educativas, hay violaciones. El número de víctimas es incierto debido a la falta de coordinación interinstitucional. Pero según la Fiscalía, entre el 2012 y 2017 hubo 1.057 denuncias; la Judicatura tiene 4.864 desde 2014, y en el Ministerio de Educación constan 882 denuncias desde el 2014. Con estas escalofriantes cifras se puede argumentar dos cosas: 1) el abuso sexual es parte del sistema educativo, 2) la década violada. El tema tiene tintes políticos porque un exministro de Educación conocía de los casos, pero se hizo de la vista gorda, porque se aproximaban las elecciones presidenciales de febrero de 2017, y un escándalo de esa naturaleza en tiempos de campaña hubiese supuesto un golpe para el partido.
Es decir, el interés de un partido político está por encima de la justicia, la ética, pero sobre todo del derecho de nuestros niños a ser protegidos. Hemos estado gobernados por los peores. ¿Cómo es posible que ese exministro esté tan tranquilo? Seguramente porque los violados no son sus hijos.
Lo que ha pasado es mucho peor que los cientos de millones que nos robaron, porque el dinero se recupera, pero la inocencia de esos niños ya quedó mancillada y eso no tiene solución. (O)
Ronald Cañola Aveiga, 30 años, Guayaquil
