RIP por la medicina prepagada

Lunes, 23 de Octubre, 2017 - 00h07
23 Oct 2017
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23 Oct 2017

Este 17 de octubre venció el plazo de un año que daba la nueva ley de medicina prepagada a las compañías para aumentar su capital a un millón de dólares. Veamos los antecedentes, el segundo debate de esta ley se realizó el 11 de agosto de 2016, en que la Asamblea aprobó el texto para el envío al Ejecutivo. Lo paradójico del tema es que un mes y medio después de aprobarse la ley, el 30 de septiembre de 2016, William Garzón Ricaurte, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, recién dirige un oficio a la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros solicitando un informe de “los ingresos, gastos y utilidad de las empresas de medicina prepagada”. Es decir, aprobaron una ley que impone obligaciones económicas, sin consultar los datos oficiales. La respuesta de la Superintendencia de Compañías llegó a la Asamblea el 10 de octubre de 2016 cuando la ley había sido discutida durante más de seis meses y aprobada con la objeción parcial del Ejecutivo.

¿Cómo una ley que regula todo un sector que abarca la salud de un millón de ecuatorianos se produjo en medio de cuatro sesiones de la Asamblea sin tener las cifras oficiales del sector?

Las cifras con las que se debatió la ley en mención fueron aquellas proporcionadas por la Dirección Actuarial y de Investigación del IESS, según las cuales la utilidad del sector de empresas de medicina prepagada sería de alrededor de 221 millones de dólares. Asambleístas de entonces, como Virgilio Hernández, en sus cuentas de Twitter subían la cifra a más de 400 millones, por lo que bajo criterios de solidaridad, altruismo y fervor revolucionario exigirles a estas empresas cualquier aporte al sistema de salud de la seguridad social estaría plenamente justificado. Revisado el cuadro presentado por los actuarios del IESS, resulta que algunas compañías recibían ingresos y no realizaban gasto alguno, es decir a criterio de estos genios de la revolución ciudadana, no pagaban sueldos, impuestos, aportes a la seguridad social, reembolsos ni nada. El ciento por ciento era utilidad.

Las cifras verdaderas fueron aportadas por la Superintendencia de Compañías después de que la ley había sido ya aprobada, como señalamos antes, y en esta se establece que la utilidad real que recibían las empresas de medicina prepagada, en conjunto, no llega a los 16 millones de dólares en 2014 y tenían un promedio de 12 millones anuales entre 2012 y 2015. Esto frente a los 221 millones calculados por el IESS o los 400 millones afirmados por Virgilio Hernández, no tiene proporción alguna.

Hace tres semanas, el IESS y el ISSFA empezaron a remitir las cuentas sin documentos de respaldo (ni historias clínicas, ni facturas) a las empresas de medicina prepagada y empresas de seguros que ofertan seguros de salud. Según cifras preliminares se estima que al año estas empresas deberán pagarle al IESS, ISSFA y al sistema de salud pública un valor cercano a 70 millones de dólares. Si la rentabilidad de todo el sector de medicina prepagada en promedio es de 12 millones por año y la nueva ley de medicina prepagada les obliga a “reembolsar” por atenciones médicas a las instituciones de la red pública 70 millones, simplemente no hay sostenibilidad del sistema privado de medicina prepagada en el corto plazo. En otras palabras, a base de datos falsos y con plata que no tiene, el sector privado de seguros médicos está obligado a subsidiar al IESS y al Estado, al asumir el gasto médico de toda la población que decidió voluntariamente contratar un seguro médico privado, sea en las condiciones que sea.

Las mañas y subterfugios de la revolución ciudadana son harto conocidos por todos, especialmente en el sector salud. Adquisición de equipos médicos con sobreprecios, inauguración de hospitales con instrumentales de otros, incluso el propio Correa engañó a muchos haciendo la pantomima de intervenirse quirúrgicamente la rodilla en el hospital del IESS, después de que se la destrozaron en Cuba. Digo pantomima porque si bien la operación se realizó en el “Carlos Andadre Marín” del IESS, lo que no le contaron a la ciudadanía es que los médicos que intervinieron al entonces presidente eran del Hospital Metropolitano, ícono de las casas de salud privadas y peluconas de la ciudad de Quito. En fin, una farsa en toda regla y si tienen alguna duda, pregunten al doctor Pablo Ramos que fue quien dirigió el equipo médico.

Quebraron al IESS y están buscando desesperadamente pasarle a alguien la factura. Ahora les tocó el turno a las empresas de medicina prepagada y además de 7 que ya se encuentran en liquidación, hay al menos 10 más que al incumplir el requerimiento legal de capital mínimo entrarían también en el mismo túnel. Todo esto mientras contablemente los propios administradores del IESS pretendieron despojarle de más de 2 mil millones al sistema de seguridad social del país. (O)

Quebraron al IESS y están buscando desesperadamente pasarle a alguien la factura. Ahora les tocó el turno a las empresas de medicina prepagada y además de 7 que ya se encuentran en liquidación, hay al menos 10 más que al incumplir el requerimiento legal de capital mínimo, entrarían también en el mismo túnel.

RIP por la medicina prepagada
Este 17 de octubre venció el plazo de un año que daba la nueva ley de medicina prepagada a las compañías para aumentar su capital a un millón de dólares.
2017-10-23T00:07:17-05:00
El Universo

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