Se ha planteado que el Estado cobrará por el exceso de consumo de agua cruda, diferentes valores; quienes la reciban de los sistemas hídricos construidos por el Estado pagarán una tarifa mayor que quienes la obtengan con su propia infraestructura. El cobro se hará efectivo a partir de este año.

Guayaquil no toma el agua de ningún sistema, canal o presa, por lo cual no tendría que pagar. Sin embargo, el tema de acceso al agua es un derecho humano y una necesidad de todos.

La decisión afecta a los municipios, al sector agropecuario y a la industria. Si se encarece el agua cruda, las empresas potabilizadoras subirán el precio del agua que llega a los hogares y a la industria, lo cual podría llevar a un alza del costo de los productos.

Una de las razones con que se justifica el cobro es que desperdiciamos el agua. Si es así, el Estado, los municipios y la población toda debemos tomar conciencia de que el agua es un bien que debemos cuidar y proteger, no solo por no pagar más por ella, sino porque es indispensable para la vida en la tierra. (O)