Nuestro invitado
Byron Villacís

La corrupción tiene innumerables efectos negativos en una sociedad. Los más visibles son los económicos: no solo las coimas que se entregan a funcionarios corruptos representan una pérdida para el país. Hay además costos en ineficiencia al contratar empresas corruptoras y costos administrativos al favorecer procesos viciados. Sin embargo, la corrupción también tiene efectos dañinos y duraderos que no son tan visibles. Me refiero a los desincentivos que genera en el aparato burocrático actual y futuro, incluyendo perfiles técnicos y técnico-políticos.

Todo buen administrador sabe que la motivación de un empleado no depende exclusivamente del salario que recibe. Hay factores adicionales que motivan a ser productivo y comprometido con el trabajo: el ambiente laboral, el potencial de carrera, la estabilidad, las capacitaciones técnicas, entre otros. Expertos en cultura organizacional agrupan estos elementos en motivaciones objetivas y subjetivas. En el primer grupo hablamos de compensaciones económicas y beneficios materiales. En el segundo grupo están las motivaciones simbólicas que suelen ser más importantes a medida que los perfiles son más altos en jerarquía y profesionalismo. Por ejemplo, un ejecutivo de alto nivel es menos probable que se cambie a otra empresa solamente por el salario: él va a analizar con anticipación el prestigio, el liderazgo, la marca y la percepción pública de esa organización. Esto lo hace porque sabe que –a la larga– el prestigio del lugar de trabajo se contamina al prestigio del trabajador.

Al ubicar estos elementos en el contexto actual ecuatoriano encontramos un agravante. En los últimos 10 años el aparato burocrático ecuatoriano se racionalizó con la eliminación de la tercerización y la vigencia de la nueva Losep. La burocracia creció en alrededor de 90.000 servidores, llegando a una masa cercana al medio millón de trabajadores. No obstante, hubo una característica particular: aproximadamente el 40% de los nuevos burócratas son menores a 35 años. Según el INEC, el promedio de edad de los empleados públicos en Ecuador en el 2007 fue de 46 años, al 2014 esta cifra bajó a 41 años. Esto significa que la nueva burocracia ecuatoriana está más alerta a las condiciones laborales de su organización puesto que aún tiene tiempo de decidir si continuar con su carrera en el sector público. El burócrata joven, al observar que existen actos de corrupción, necesariamente va a pasar por la reflexión de cuan conveniente es continuar en ese camino institucional. Por supuesto, esto es igual de probable si el empleado trabaja en una empresa privada afectada por escándalos de corrupción. Sin embargo, la incidencia es menor porque la corrupción está más asociada hacia el manejo de fondos públicos.

El burócrata podría asimilar el mensaje de que la corrupción es un mecanismo válido de crecimiento profesional, podría interpretar que no está mal evadir ciertos procesos; puesto que a los que rompieron las reglas antes no les fue tan mal.

El burócrata se enfrenta entonces a un dilema. La primera opción es continuar su carrera y evitar ser parte de actos dolosos, poniéndose alerta para evaluar en qué momento es necesario poner los dos pies afuera. En este escenario, sin haber hecho nada, se genera incertidumbre, lo que afecta la productividad, el compromiso y el ambiente de trabajo. Aquí hay ya un costo social relevante y escondido. La segunda opción es aún más peligrosa y perjudicial para la sociedad. El burócrata podría asimilar el mensaje de que la corrupción es un mecanismo válido de crecimiento profesional, podría interpretar que no está mal evadir ciertos procesos; puesto que a los que rompieron las reglas antes no les fue tan mal. Aquí radica el mal peor: la naturalización de comportamientos antiéticos es la semilla de la corrupción estructural, un cáncer que es prácticamente imposible de extirpar.

El Gobierno debe erradicar urgente y visiblemente todo rastro de corrupción, no solo por sus efectos económicos sino por el impacto social que provoca tener una burocracia desmotivada. En los últimos 10 años se invirtieron ingentes recursos en contratar, capacitar y formar un aparato burocrático más moderno, dinámico y servicial. Si no se ataca rápidamente la corrupción y se hacen visibles los resultados, esa inversión corre peligro en su totalidad, con el agravante de que convencer a buenos perfiles costará, económica y simbólicamente, cada vez más.

(O)