Un nuevo hecho acaecido en nuestro país, que pretende lesionar las bases de un estado democrático parece pasar inadvertido y sin importancia, se trata de una nueva denuncia por supuesta censura previa, esta vez contra siete medios de comunicación, presentada en la Superintendencia de Información y Comunicación; nada menos que por una exasesora de la Superintendencia, lo que llama la atención de esta denuncia a primera vista son dos hechos: el primero, que se plantea exclusivamente contra medios que tienen varios denominadores en común, por ejemplo en el caso de los medios escritos, todos tienen una amplia circulación nacional y, en el caso de los canales, cuentan con las mayores audiencias televisivas, pero la coincidencia más importante radica en no ser serviles al Gobierno. La segunda particularidad de esta denuncia es que fue presentada en el preciso momento en que el país atravesaba un cuestionado proceso electoral.

Lo medular de la denuncia radica en el hecho de no haber reproducido un reportaje publicado en el portal web por el semanario argentino Página 12, sobre el candidato opositor Guillermo Lasso, que a decir de la denunciante, era de relevancia pública (circunstancia esta última que resulta irrelevante referirme en este artículo), ya que conocido es que la Ley de Comunicación exige la obligación a todo medio de recibir información veraz; lo cual obliga a contrastarla y verificarla, lo que en el caso citado jamás ocurrió. Pero, dejando a un lado el análisis subjetivo de si la información era o no de relevancia pública, lo cierto es que esta denuncia lleva implícita un trasfondo que jamás será aceptado por su denunciante, y es que la verdadera motivación de la denuncia radica en que los referidos medios no se prestaron al juego de sumarse a la campaña sucia emprendida al unísono por los medios públicos –manejados a su antojo por el Gobierno– contra el candidato opositor. Y es que el oficialismo tiene muy claro, como lo señala Giovanni Sartori, en Homo videns La sociedad teledirigida: “… la televisión (léase medios de comunicación) condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea en la elección de los candidatos, bien en su modo de plantear la batalla electoral o en la forma de ayudar a vencer al vencedor. Además, la televisión condiciona, o puede condicionar, fuertemente al Gobierno, es decir, las decisiones del Gobierno: lo que un gobierno puede y no puede hacer, o decidir lo que va a hacer”.

Lo señalado nos permite confirmar las verdaderas razones de la desventurada denuncia, que en la práctica se traduce en que los medios de comunicación independientes no alineados al Gobierno, representan una piedra en su zapato, ya que por si ellos fuera, desearían asumir el rol que jugaba hace aproximadamente 50 años la Associated Press (primera agencia de noticias), que era la que establecía cuáles eran las noticias que había que dar. Lo que nos queda claro es que todo esto es parte del guion que fue ideado por Fidel Castro y apoyado con entusiasmo por Hugo Chávez, que establece que “…el control de los medios de comunicación es imprescindible para la reinstauración neocomunista, para lo cual se utilizará el dinero y el poder público. El uso de la mentira y del engaño desde el poder está recomendado, siempre que sirva para alcanzar los objetivos supremos, que son la perpetuación del líder y el dominio pleno del sistema”; un claro ejemplo del cumplimiento de este libreto, es lo sucedido en Venezuela cuando el gobierno notificó a RCTV y Globovisión que la concesión para su señal de emisión abierta vencía en el 2007 y no sería renovada, RCTV y Globovisión acusaron al gobierno de cerrar el canal. En consecuencia, resulta reprochable que se pretenda imputar a los medios de comunicación el hecho de no publicar lo que la ley prohíbe publicar, cuando tanto el texto como el espíritu de la Ley de Comunicación sancionan el hecho de avalar y reforzar informaciones distorsionadoras y no verificadas, que es lo que realmente debe ser sancionado, pero para ello debemos contar con un organismo de control de la información y comunicación independiente e imparcial; lo que solo será posible cuando recuperamos la democracia.(O)

Juan Vizueta Ronquillo,
Doctor en Jurisprudencia, Guayaquil