Han pasado más de tres meses desde el 3 de enero de 2017, fecha en la que el juez federal del Distrito del Este de Nueva York, Raymond J. Dearie, accedió al pedido del fiscal Robert L. Capers de levantar la confidencialidad del acuerdo de cooperación entre esa Fiscalía y Odebrecht, y la información de ese acuerdo (caso 16-643 RJD), y que luego fuera publicado en la prensa.

Eso fue suficiente para que las autoridades de países como Perú, Colombia, Argentina, Panamá y República Dominicana se movieran con celeridad y dieran con los nombres de los funcionarios sobornados, y pasaran a dictar órdenes de detención. En Perú, por ejemplo, no solo que hay orden de prisión contra el expresidente Toledo, sino que Odebrecht tiene que irse del país en pocos meses pagando una altísima indemnización. Todo eso en apenas tres meses.

No se diga en Brasil. Según recientes anuncios, la Fiscalía Federal y el Tribunal Supremo se aprestan a procesar por corrupción nada menos que a los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como a varios ministros del actual presidente, a gobernadores, senadores, diputados, contralores, gerentes de empresas estatales, contratistas, empresarios y políticos poderosos. Una verdadera limpieza de todo el sistema gracias a una justicia independiente. ¿Cuándo tendremos eso en Ecuador?

Es que el contraste con lo que sucede en nuestro país es abismal. Acá, el trabajo que ha hecho el Gobierno para ocultar el caso Odebrecht es impresionante. Hay que admitirlo. Es una obra de arte; del arte del engaño y de la hipocresía. Sus autores y actores bien podrían reclamar para sí sendas estatuas junto a la de Néstor Kirchner afuera del elefante blanco de Unasur. Ahora se explica por qué los organismos internacionales ubican al Ecuador como uno de los países más corruptos del mundo.

Es que en nuestro país el calendario de la justicia parecería depender, entre otras cosas, del calendario electoral, y una investigación como la realizada en los países antes mencionados podría derrumbar la candidatura oficialista. Y no hay que hacerse ilusiones. Las sanciones por el saqueo de Odebrecht no se darán tan fácilmente aun pasadas las elecciones. El dictador ha creado un enjambre institucional para cuidarle las espaldas, una vez que se retire a gozar de su exilio, y, además, para asegurarles impunidad a sus socios. A menos, obviamente, que ocurra una transformación política y el poder constituyente, es decir, todos nosotros, seamos convocados para destruir de un solo tajo a todo ese andamiaje corrupto de la dictadura.

Téngase en cuenta que el robo de Odebrecht no es nada comparado con los 395 mil millones de dólares que recibieron estos señores gracias al petróleo. En fin, podrán tener de su lado a unos generales, al CNE, a los medios públicos, a la burocracia, al Estado, en definitiva; y podrán tener sus bolsillos repletos. Pero es evidente que no tienen ni un gramo de dignidad. Y encima tienen el descaro dar sermones de moral cada sábado.(O)