Todo lo que diga y todo lo que calle el fiscal tendrá efectos sobre la elección de febrero. Desde que estalló el caso Odebrecht se multiplicaron las sospechas sobre el involucramiento de personajes de la política y algunos candidatos en las redes de corrupción. Se puede argumentar que en muchos casos se trate solamente de especulaciones, pero aunque fuera así es sabido que en la política estas tienen tanto peso como los hechos concretos y que no es suficiente un desmentido para eliminarlas. Por eso, la única vía para despejar las dudas será conocer la verdad, lo que en términos concretos y prácticos significa que se divulgue la lista de personas que recibieron coimas y en general de quienes tuvieron alguna participación en los actos corruptos.

En una situación normal, en la que no se impongan los cálculos políticos, conseguir esa lista sería algo tan sencillo como acudir al Departamento de Justicia norteamericano o a las autoridades judiciales brasileñas. Se sabe que allí ya constan los nombres de los involucrados, con fechas y montos de las transacciones fraudulentas. Por tanto, solamente hay que pedirla y, como se ha hecho en otros países, proceder de inmediato con los procesos judiciales en contra de ellos. Lo esperable en un Estado de derecho sería la actuación independiente de la justicia, comenzando por la acusadora que debería emprender las acciones sin mirar a quién perjudica o a quien favorece. La Fiscalía, que en nuestro caso es la parte investigadora y acusadora, está obligada a actuar de esa manera. Pero, el fiscal no da muestras de querer ir en esa dirección. Fue poco convincente –y abrió muchos interrogantes– su escueta declaración sobre el carácter reservado de la información. Sonó más bien a un anuncio de que por largo tiempo (¿será hasta que pase la elección?) la opinión pública ecuatoriana no conocerá la verdad del entramado corrupto.

Si en lo judicial aparecen esas dudas, en lo político estas son más complejas. Las sospechas mencionadas antes han invadido todo el escenario y no se pueden despejar con declaraciones incompletas y mucho menos con el silencio. La participación de funcionarios públicos de alto nivel, que consta en las primeras declaraciones del exdirectivo de Odebrecht, le convierte a este en un problema político. Y en ese nivel no caben justificaciones como el carácter reservado ni formalismos que corresponden al proceso judicial. Por ello, si se calla el fiscal se levantarán más sospechas y no faltarán quienes lleguen a pensar que está colocando por delante la lealtad con quienes fueron sus colegas de gabinete antes de pasar por la puerta giratoria que lleva desde una función del Estado a otra.

Para poner más dramatismo a la situación, en el momento de escribir esta columna, el viernes por la tarde, las redes sociales son un hervidero de comentarios y especulaciones sobre el caso Petroecuador. Los videos con declaraciones de capaya apuntan muy alto y amenazan con provocar un terremoto en el que los damnificados no serán los más pobres. (O)