El artículo de mi autoría ‘Incumplimientos reiterados’, publicado el pasado 12 de diciembre, suscitó variadas y extrañas reacciones entre los lectores, evidenciados en mi correo electrónico. La fuente fue un remitido aparecido en el diario oficial El Telégrafo que relataba cómo se arrojaron desechos ambientales nocivos en África, dañinos para la salud humana, que causaron muertes de personas inocentes. La impotencia me invadió cuando leí que Ecuador entregaba esos productos fuera de especificaciones a través de la cuestionada empresa holandesa Trafigura y me alarmó más cuando la compañía Vitol, que tiene y ha tenido contratos con la estatal Petroecuador, también estaba involucrada en este hecho. Recordé a los amigos lectores que coincidentemente ambas empresas fueron declaradas incumplidas por reiteradas fallas. No fue un comentario, una opinión. Fue un hecho fáctico. Escribí ese artículo por razones humanitarias, propias de quien tiene familia y amigos; también de un habitante de este planeta que se preocupa constantemente por un mejor trato a la Tierra.

Por otro lado, los ecuatorianos esperamos que los incumplimientos que la estatal comunicó a la holandesa no se repitan. Que finalicen estas y otras prácticas, tales como el uso de empresas estatales que “prestan” sus nombres y sus banderas para facilitar a las empresas privadas participar en el mercado ecuatoriano, evitando el camino que deberían seguir si se presentan tal como son. Recuerdo lo sucedido hace poco tiempo con la empresa estatal uruguaya Ancap al comercializar productos, cuando realmente quien estaba detrás de ese negocio fue la empresa holandesa. Nadie conoce el resultado de las auditorías realizadas al respecto. Incluso el presidente Correa se prestó para ese show cuando en Uruguay abrió una válvula de transferencia del producto, pero en realidad nunca llegó un solo barril a ese país. Cuando el mandatario se enteró del engaño a que fue sometido, ordenó dejar sin efecto y terminó abruptamente dicho contrato. Este hecho también tuvo repercusiones políticas en el país latinoamericano. Igual caso sucede con empresas chinas que no se llevan un solo barril de crudo que negocian en el país.

Según noticias de diario El Comercio, en la edición del 19 de diciembre pasado, la empresa estatal de Omán (OTI) obtiene un contrato de fuel oil por 30 meses a cambio de un prepago de USD 300 millones. Y como ha sido costumbre en este régimen, se ignora a qué precio fue establecida esta transacción y cuál fue su tasa de interés. ¿Habrá manera que sepamos con certeza quién está detrás de la verdadera empresa dentro y fuera del país que negoció con Ecuador? La sospecha es obvia cuando “coincidentemente” –por medio de internet– nos enteramos de que OTI nació entre una alianza con la empresa Vitol para luego convertirse en estatal. ¿El producto fuel oil tendrá como destino Omán? Es evidente que no. Insisto, nadie conoce el resultado de las investigaciones sobre los anteriores contratos bajo esta modalidad y seguramente tampoco se sabrá de estas últimas.

Estoy convencido de que con los nuevos mandatarios que elegiremos en febrero próximo esta situación cambiará. Habrá acceso a toda esta documentación, guardada como secreto de Estado por la Revolución Ciudadana. En ese momento se despejarán tantas interrogantes que a través de esta columna hemos formulado sobre ciertos contratos de índole hidrocarburífera firmados de manera dudosa y que ninguna autoridad ha respondido, aumentando más las sospechas. Lo único cierto es que las deudas han aumentado, no así los fondos disponibles. (O)