He entrado a la página web del Consejo Nacional Electoral para revisar los programas de gobierno de algunos candidatos. El más voluminoso de todos es el de Lenin. Me ha llamado la atención que más que un plan de gobierno para los años 2017 al 2021, se trata por una parte de una impresionante rendición de cuentas de todo lo supuestamente conseguido en la “década ganada”; y, además, una versión 2.0 del plan nacional del buen vivir. Es decir, más de lo mismo pero recargado.

Como muestra un botón. En la página 75 de este documento aparece claramente delineada la posición del candidato Moreno y su agrupación política respecto de la especulación de tierras. Se menciona que “proviene fundamentalmente de una deficiente gestión del suelo por parte de las autoridades locales”, por lo cual es necesario que los propietarios de los suelos se sometan a “diversas acciones gubernamentales para el aprovechamiento urbanístico en función del interés general”. Acciones que al parecer el compañero Lenin desconoce que ya se encuentran reglamentadas desde hace cinco meses en la Ley de Ordenamiento Territorial (Lootus), por ejemplo, cuando se establece en el art. 7 que la función social y ambiental de la propiedad implica, entre otras cosas, el derecho a la sociedad a participar de los beneficios producidos por la planificación urbanística, derecho que por cierto se encuentra desarrollado a partir del art. 72 de este mismo cuerpo legal (concesión onerosa de derechos).

Dicho en otras palabras, tanto en la Lootus como en una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que está por aprobarse en la Asamblea –en donde se establece una contribución especial de mejoras (CEM) a favor del Gobierno Central por obras que realice en los cantones– ya se han contemplado mecanismos de “captura de la plusvalía”.

Una vez que he demostrado que el Gobierno ya tiene desde hace tiempo herramientas para evitar la especulación de las tierras y capturar las plusvalías provenientes de desarrollos urbanísticos u obras gubernamentales, el actual proyecto de Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras no se lo entiende. Y no se lo comprende ya que con simples ejemplos que se han podido extraer de la página web del SRI, resulta que el Gobierno cobraría en algunos casos casi cuatro o cinco veces más de lo que actualmente se cobra por concepto de impuesto a la plusvalía.

En definitiva, no es verdad que con la imposición de un impuesto del 75% a las supuestas y jamás existentes ganancias extraordinarias que se producirían en una compraventa de un inmueble se va a evitar la especulación de la tierra, menos aun cuando el Gobierno en su famosa fórmula se ha olvidado de considerar los costos notariales, de registro de la propiedad y lo más importante, los intereses que el ciudadano común le paga a la banca privada o al Biess durante 15 o 20 años, dependiendo del caso, por la hipoteca de su casa.

Ya decía sabiamente don Winston Churchill: “Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa”. (O)