Las autoridades económicas deben extrañar esos tiempos nada lejanos cuando el líder prohibió que ministros y más funcionarios hicieran declaraciones en los medios de comunicación. Paradójicamente, eran los años de la bonanza económica, cuando cualquier explicación podía resultar creíble, pero ellos estaban obligados a guardar silencio porque así determinaba la orden superior. Ahora deben comprobar con nostalgia que perdieron la mejor oportunidad para atribuirse como cosa propia lo que en realidad se debía a los precios del petróleo y a la dolarización. No debe ser agradable estar en su lugar y tener que ensayar cada mañana la cara feliz y el tono optimista necesarios para presentar unas cifras que no tienen nada que ver con la realidad que se palpa en el bolsillo o en la cartera. Estudiados e informados como son, ellos saben que el maquillaje no es suficiente para ocultar la realidad. Son los primeros en conocer la magnitud del regalo envenenado que le dejan al próximo gobierno.

A despecho de estos funcionarios, desde múltiples frentes se vienen activando las alarmas desde hace mucho tiempo. Todos los economistas que no están en el Gobierno coinciden en dos puntos fundamentales. El primero, de carácter inmediato, es que el mayor endeudamiento (que constituye la única medida tomada por el Gobierno) solamente servirá para patear el problema hacia adelante. El objetivo es poner parches para llegar hasta mayo. El segundo, de mayor alcance, es la inviabilidad del modelo económico asentado exclusivamente en el gasto público. La imperiosa necesidad de este, especialmente en los campos de educación, salud y seguridad, requiere como complemento un activo sector privado. Este último nunca estuvo en los planes del Gobierno y más bien fue siempre menospreciado. Las vacas gordas hicieron posible ese modelo (en realidad, cualquier modelo habría funcionado bien), pero es ilusorio pensar que puede mantenerse en tiempos de contracción económica.

En esos dos niveles deberá trabajar el próximo gobierno. Y deberá hacerlo dentro de la cruda realidad, porque ya no habrá maquillaje que sirva en ese momento. El ajuste será inevitable. Por eso, llama la atención que los candidatos de las oposiciones se pongan en el plan de baratillo de ofertas –utilizando como nueva unidad de medida el millón de empleos–, en lugar de destapar la realidad que deberá enfrentar el Gobierno que asumirá en mayo. Seguramente quieren llegar a los sectores más pobres, entendiendo que son los más golpeados por la crisis y que ese golpe se manifiesta como la pérdida de empleo. Pero no consideran que, por diversos factores (clientelismo, bonos, caudillismo), allí se encuentra el voto duro correísta. Pierden el tiempo. Mejor les iría si sinceraran su discurso, si en lugar de ofertas que no convencen a nadie dijeran frontalmente que ni ellos ni el binomio gobiernista podrán escapar del ajuste. De esa manera podrían llevar el debate al nivel en que no quieren entrar el Gobierno ni sus candidatos. De paso, les harían gran favor a los funcionarios que ya no tendrían que ensayar cada mañana la carita feliz y el tonito triunfante. (O)