Las críticas acerbas al Plan Familia del Gobierno ecuatoriano se han centrado en que debe ser otra su orientación. Sobre todo, se dice que se debe enfocar en el control de la mujer sobre su cuerpo. En otras palabras, se busca desde una perspectiva de derechos que las mujeres protejan y reivindiquen lo que es suyo y de nadie más.
El problema es que no se ha hablado de las importantes implicaciones de esta demanda. La primera es que nadie cuestiona que el rol del Estado sea sugerir a los ciudadanos qué hacer con sus cuerpos. Es decir, hasta las feministas parecen estar de acuerdo con que liberar los cuerpos aprisionados de las mujeres es un asunto público.
La segunda implicación de estas críticas es que los conocimientos sobre planificación familiar emancipan a la mujer, cuando más bien el aborto y las píldoras anticonceptiva y del día siguiente parecen mecanismos adicionales de control social sobre su cuerpo. Pues son las mujeres quienes deben tomar la píldora y hacerse el aborto.
Sin contar además con que pastillas anticonceptivas consumidas masivamente han sido retiradas del mercado después de que los estudios las vincularon con depresión. Entonces, quien realmente tenía el control sobre el cuerpo de estas mujeres resultaba una nefasta combinación de químicos contra la cual no podían combatir.
La tercera implicación es que se acepta sin reparo que el laicismo es objetivo y por tanto es el único llamado a normar la educación sexual en el país. Por esta vía cerramos las puertas a las creencias u opiniones divergentes de la misma manera en la que el sistema educativo elimina paulatinamente las sabidurías ancestrales o tradicionales.
Al analizar la LOEI, se encuentra que la participación de las madres y los padres en escuelas y colegios está minimizada; y la poca que existe está supeditada a las decisiones de “la autoridad educativa”. A esto se aúna el hecho de que la reforma se impuso de arriba hacia abajo a profesores y estudiantes.
Pocos pueden negar que hacía falta organizar y guiar el sistema educativo, pero su completa reestructuración obvió un área fundamental de desarrollo humano: la salud y el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Un área que en los países a los cuales se busca emular es fundamental a la tarea educativa primaria y secundaria, y no se limita a la enseñanza y el currículo o a los servicios del sistema de salud.
Para que nuestros niños y jóvenes vayan desarrollando una mirada crítica y, de esta manera, su capacidad de proteger y revindicar el control sobre y el cuidado de sus propios cuerpos y de los cuerpos de los demás, la educación debe impulsar la participación activa y empoderada de los estudiantes en procesos de toma de decisiones sobre su salud. No solo que esta es una mejor manera de aprender, sino que contribuye a la formación ciudadana e integral de nuestra población.
Esto implica que los estudiantes, sus familias y comunidades deben tener las herramientas y los espacios para luchar por cambios estructurales que promuevan y apoyen mayor justicia y equidad social. Es aquí donde ni el Plan Familia ni los defensores de derechos terminan por encontrarse con la realidad y el potencial del sistema educativo. (O)
