Mauricio Macri, en una de las escasas declaraciones políticas que ha hecho desde que fue elegido, reafirmó su decisión de activar las sanciones del Mercosur a Venezuela. Rafael Correa salió inmediatamente al paso y afirmó que es una interferencia en los asuntos internos de ese país. Lo de Macri fue la ratificación de una oferta de campaña. Lo de Correa fue el primer anuncio de lo que vendrá en el futuro, ya que en el club debe doler la pérdida de un socio de importancia. Pero, más allá de las motivaciones inmediatas, lo que de verdad importa en esto es el tema de la protección de los derechos humanos, que vuelve a cobrar vigencia a pesar de que el continente lleva ya treinta y cinco años de democracia.

Como reacción a las dictaduras militares y a los grupos armados que plagaron el continente, se fue construyendo un cuerpo de principios orientados a proteger derechos tan básicos como el de la vida. Se llegó a tomar conciencia de que –en palabras de un sociólogo argentino– la vigencia del habeas corpus y la presencia de un juez independiente marcaban la diferencia entre la vida y la muerte o entre un juicio justo y la desaparición forzosa. El elemento común a esas iniciativas era el reconocimiento del carácter universal de los derechos y las libertades. Las fronteras dejaban de existir cuando se trataba de denunciar las violaciones y, sobre todo, cuando se hacía necesario interceder directamente para condenarlas y detenerlas.

Esos principios fueron materializándose en normas e instituciones. El Ecuador puede enorgullecerse de haber sido uno de los pioneros con la Carta de Conducta impulsada por el presidente Jaime Roldós en una fecha tan temprana como 1980. Explícitamente se señalaba ahí que la protección de los derechos humanos es una obligación internacional y que se sitúa por encima del principio de no intervención. Similares postulados fueron recogidos más adelante en instrumentos como la Carta Democrática de la OEA o la propia cláusula democrática del Mercosur a la que ahora alude el presidente electo de Argentina.

La larga historia de lucha por los derechos humanos debió plasmarse no solamente en las instituciones encargadas de velar por su vigencia, sino sobre todo en las conductas de los gobernantes. Se podría esperar que frente al menor indicio de amenaza, ellos activaran los instrumentos disponibles, sin ceñirse a las restricciones que ponen las fronteras y sin atender previamente a la ideología de los involucrados. La alusión a la interferencia en los asuntos internos es la negación de la razón de ser de esos principios. La apelación a posiciones ideológicas, frente a supuestos intentos desestabilizadores cava la sepultura del carácter universal de esos derechos.

Adicionalmente, en su respuesta el líder olvida las veces que él personalmente intervino frente a violaciones de derechos y atentados contra las libertades. Su intento de aterrizaje en ese buen lugar para morir que es Honduras y su apoyo a las sanciones a Paraguay están frescos en la memoria. ¿No merece algo igual Venezuela? (O)