El 15 de octubre del 2014, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) indicó que la provincia de Santa Elena había sido escogida para “pilotear” el proyecto de implementar un sistema de pago electrónico de pasajes en los buses de transportación urbana, porque “Santa Elena tiene tres cantones urbanos, lo que permite tratarla como una gran metrópolis”. Comentó que la entidad se encontraba carnetizando a estudiantes, ciudadanos de la tercera edad y discapacitados, con el fin de concederles tarifas preferenciales. Todo esto a un costo de $7,2 millones. Por su parte, la señora Fátima Paris, directora provincial de la ANT, aseguró que existen 110 puntos de ventas de las tarjetas electrónicas para su respectiva venta y recarga; que el plan funcionaría en diciembre del 2014; que se manejará bajo el sistema de “caja común”; que se proyectaba entregar 250.000 unidades y que “el sistema que valida las tarjetas ya está instalado en 100 buses”.

Efectivamente, el 15 de diciembre del 2014 la funcionaria indicó que estaba entregando gratuitamente la tarjeta magnética en la terminal de Ballenita; que 240 vehículos estaban equipados con validadores y GPS; que la ANT había instalado 235 paraderos inteligentes, y que hasta finales de febrero del 2015 también se podía pagar en efectivo. Llegó febrero y el sistema era un caos. Los choferes exigían el efectivo porque los validadores “estaban dañados”, Paris adujo que los conductores no estaban acostumbrados al sistema; comentó que estaban agotadas las tarjetas de tarifa preferencial y que el futuro costo de las tarjetas normales sería de 4 dólares; que se estaban instalando progresivamente los 235 paraderos, etcétera.

Aplazaron el inicio para el 1 de marzo, y el caos era evidente. Los usuarios denunciaban a los medios de comunicación locales que los choferes no aceptaban las tarjetas porque los validadores seguían dañados. París los desmentía. La tarifa del pasaje era 25 centavos de dólar y la mitad para estudiantes, tercera edad y discapacitados. El 23 de marzo pasado, autoridades de la ANT peninsular tajantemente anunciaron que solo aceptarán la tarjeta como medio de pago, que ahora costaba 2 dólares ($ 1,5 por precio del plástico y $ 0,50 para recargas). Los reclamos ciudadanos dieron resultado, pero el sistema nunca funcionó óptimamente. Fracaso total del proyecto.

El 10 de abril, en pleno caos, sorpresivamente la ANT anunció que aplicará el aumento del 25% en las tarifas de transportación urbana e interprovincial, tal como lo indica la resolución # 007-DIR-2012. Fue el comienzo de los reclamos de los usuarios. Y para colmo de absurdos, ese día en la terminal de Ballenita, los transportistas exigían a los pasajeros que se dirigían a Guayaquil que les cancelaran con tarjetas electrónicas y a los usuarios peninsulares el cupo de sus tarjetas se les redujo considerablemente. El maltrato sufrido por los pasajeros fue espantoso, pues los obligaron a bajarse de las unidades.

Paris sostuvo que dicha alza fue “socializada” entre los usuarios. Tremenda falacia. La ciudadanía pide a gritos la destitución de estos funcionarios públicos; unos solicitaron medidas cautelares, otros recogen firmas como rechazo a este atropello. Los supuestos líderes políticos peninsulares brillan por su ausencia. Serán los propios afectados quienes reclamen por este abuso, pues su economía no soporta más castigos.

Es preferible que el Gobierno solucione este inconveniente a tiempo. Los estudiantes pronto entrarán a clases. (O)