A pesar de que se ha comentado profusamente, en los medios nacionales y extranjeros, sobre la desafortunada decisión de la Superintendencia de Comunicaciones de sancionar a Bonil, caricaturista de este Diario y al Diario mismo por una caricatura calificada por esa dependencia y por un grupo de personas interesadas como un dibujo ofensivo para un determinado colectivo ciudadano, merece la pena insistir en que la sentencia está equivocada, que no responde a los hechos, a fin de, al perseverar en el tema, evitar que se haga costumbre que ese organismo público actúe a su aire por encima de los hechos y de la razón.

Para quienes no han seguido de cerca el caso, los hechos son así: 1) El ciudadano objeto de la supuesta ofensa fue un destacado deportista que militó con éxito en varios clubes de fútbol del país y del exterior y que formó parte del equipo del Ecuador en varios certámenes internacionales, y por tanto muy popular y conocido por la gente; 2) Aprovechando su popularidad como lucido futbolista, el movimiento político del Gobierno lo escogió como candidato para integrar la Asamblea Nacional y resultó electo para desempeñar esas funciones; 3) Dentro del desarrollo de una de las sesiones ordinarias de la Asamblea, su grupo le pidió que interviniera leyendo un texto preparado por otra persona en favor de algún asunto en discusión; 4) La lectura que hizo el asambleísta del texto aludido fue desastrosa, a tal punto que los interesados en desprestigiar a su movimiento político se encargaron de difundir su intervención a través de las redes sociales por medio de un video muy visto; 5) Más tarde, Bonil, en su columna gráfica que se publica casi diariamente en esta misma página, comentó con humor el hecho sin aludir ni al origen étnico de ese ciudadano ni a su nivel de educación, haciendo un juego de palabras con el remoquete cariñoso Tin con el que lo identifica el pueblo y que es la última sílaba de su nombre; 6) Un colectivo ciudadano que dice representar al (o a un) conglomerado afroecuatoriano creyó que la caricatura era ofensiva para su etnia y presentó la queja que originó un proceso que terminó con la sentencia que ahora comento, la que condena a los supuestos infractores por “discriminación indirecta” (…) “en razón de su condición socioeconómica”.

Tengo que decir, en ejercicio del equilibrio y la ecuanimidad, que se trata de una sentencia forzada en perjuicio de Bonil y de EL UNIVERSO, pues la caricatura no vulnera ningún derecho individual ni colectivo, no ofende a nadie, simplemente comenta con humor que un representante del pueblo dentro de la Asamblea Nacional, grupo humano que debería estar integrado por personas de aceptable nivel cultural y que debería ser también la máxima expresión de la democracia, tenga una lectura tan deficiente.

Al Gobierno le vendría bien, en su propio beneficio, poner distancias con los funcionarios que han intervenido en el tema. No es un proceso ni un desenlace del que nadie pueda sentirse orgulloso, ni los directamente involucrados como juzgadores ni el Gobierno como tal.

Luce como una sentencia que trasunta una discrecionalidad desbordada, peligrosa para la seguridad jurídica si la hubiera, y que parecería estar fundamentada en interpretaciones alucinadas y en figuras oníricas. (O)