Finalmente, los equipos de negociación han vuelto a la mesa; europeos y ecuatorianos se han encontrado para una vez cumplidos los protocolos y cortesías de rigor explorar si un acuerdo comercial, multipartes, es posible. Poco se sabe de progresos y avances, y seguramente pasarán al menos un par de reuniones adicionales para ver si esa voluntad de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso para las partes es alcanzable. Esta reunión seguramente era sobre todo una de clarificación sobre los cambios que cada parte ha introducido en su marco legal y normativo relacionado al comercio y materias relacionadas. También seguramente se puso en común lo que se está pensando en materia de propiedad intelectual, uno de los asuntos difíciles en la negociación. Recordemos que el gobierno anunció una nueva ley de propiedad intelectual como parte de un nuevo Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento. Este no se ha socializado mayormente, así que me imagino hay interés por conocer sus lineamientos y conceptos y seguramente se aprovechó la presencia de René Ramírez para conocer con detalle el nuevo marco.

Por declaraciones del ministro de Comercio Exterior sabemos que se busca un acuerdo que reconozca un trato especial y diferenciado para Ecuador, y que en ese sentido sea diferente a los acuerdos de Colombia y Perú, que respete las sensibilidades del país, que constituya un instrumento de apertura comercial real y que permita y facilite transferencia de tecnología, un aspecto considerado prioritario para el cambio de la matriz productiva. Se esperaría llegar a un acuerdo durante el primer semestre del 2014, con lo que, si se aceleran los procesos legislativos de aprobación, podría entrar en vigencia hacia inicios del 2015. Todo esto me parece razonable y alcanzable.

Esta urgencia en terminar una negociación que ha estado, demasiado tiempo, arrastrando los pies, es comprensible; hemos comenzado ya a perder mercado para productos como el banano. El SGP plus, el sistema de preferencias arancelarias que nos otorga Europa, no será postergado más allá de diciembre del 2014; si esto llegara a darse, sería estrepitoso para nuestras exportaciones, como la de productos de la pesca o flores, produciendo un desplazamiento real de nuestras exportaciones. Un tema que se vuelve aún más crítico, si se consideran los problemas de balanza comercial que tenemos y que seguramente alcanzaron unos 1.300 millones de dólares en saldo negativo el 2013. También un acuerdo de este tipo es importante para atraer inversiones privadas europeas al país, algo en lo que estamos rezagados y que nos abriría mejores oportunidades para lograr transferencia de tecnología.

Una dificultad que no debe menospreciarse en función del objetivo de lograr un acuerdo comercial tiene que ver con el estado de las libertades públicas en el país. De hecho, un organismo importante de derechos humanos, la FIDH, envió estos días una carta a los negociadores europeos y a los embajadores ante la UE, llamando la atención sobre limitaciones a las libertades de asociación y de expresión y prensa en el país. Esto tiene que ver con el apego europeo a la plena vigencia de las instituciones democráticas y que normalmente hacen parte de este tipo de acuerdos en lo que se denomina cláusula democrática. El mundo hoy no deja de prestar atención a estos temas y ve las libertades como elementos fundamentales de los acuerdos internacionales.