Lo acomodadizo, aquello que la Real Academia Española de la Lengua define como lo que “a todo se aviene fácilmente” jamás debería poder aplicarse a ciertas instituciones y conceptos, como por ejemplo el feminismo como tendencia, ideología o proceso de luchas y conquista de derechos. La historia reciente de los derechos humanos sin duda no sería la misma, sin los aportes de aquellos movimientos que desde el siglo XVIII y a lo largo de los siglos XIX y XX han luchado por el reconocimiento y efectivización de los derechos de la mujer. Figuras como Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los derechos de la mujer, Simone de Beauvoir con su Segundo sexo o Rebecca Walker en su insoslayable Becoming the Third Wave, son autoras de referencia obligada no solo en el sufrido y azaroso camino que los derechos de la mujer ha debido recorrer para alcanzar lo que ha logrado, sino en el desarrollo de los derechos humanos en su conjunto.
La visibilización de la discriminación de la que la mujer es objeto, su pleno acceso a los ámbitos estudiantiles y laborales, entre otros temas, son algunas de las múltiples conquistas que con tanto esfuerzo han logrado estos movimientos. Pese a todos estos avances, la lucha no termina, pues la situación de los derechos dista en mucho de haber logrado una plena igualdad de ejercicio y en algunos ámbitos, como el del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y reproducción prácticamente la situación es la misma del siglo XVI. Todavía el discurso jurídico en el tema del aborto se ve impregnado y muy fuertemente, del religioso, provocándose en muchas ocasiones que se confundan categorías o que los conceptos se tergiversen hasta quedar fuera de todo ámbito racional.
Desde una perspectiva lógica, definir jurídicamente al feto como persona equivaldría a definir a una semilla como árbol y a desechar un grupo de ellas como tala de bosque. Grupos fundamentalistas pretenden otorgar la calidad de persona por poco y al espermatozoide, con lo cual una masturbación debería tratarse jurídicamente como un genocidio y no importa lo incoherente y poco sustentado de sus argumentos, los repiten como mantras y se consideran a sí mismos depositarios de la verdad revelada; se estructuran en movimientos que pretenden asumir la vocería de todos y organizan marchas cada tanto, caracterizadas por su irrisoria convocatoria. Se oponen a todo cambio social, partiendo de la premisa de la inmutabilidad de la sociedad y sus instituciones. Su discurso, sin embargo, es asumido y defendido por muchos que no son parte de estos movimientos, incluso desde la cúpula de Gobierno, como ha sucedido cada vez que el presidente se ha referido al matrimonio igualitario o a la descriminalización del aborto, incluso aquel cometido por mujer que ha sido víctima de violación. Pretenden imponernos bajo consideraciones morales o religiosas, que un óvulo fecundado es vida humana, lo que ha sido contradicho incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en sentencia dictada dentro del caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, señala que “no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a esta idea, porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no la comparten”.
La penalización del aborto ha provocado, sobre todo, el aumento de la mortalidad y morbilidad de la mujer, sin que se hubiere disminuido en absoluto el número de estos, empujándose a la mujer, sobre todo adolescente y pobre, a la práctica de operaciones clandestinas e inseguras que ponen en riesgo su salud y vida como adecuadamente resalta Amnistía Internacional en un comunicado recientemente difundido y dirigido a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe como un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de derechos humanos. En el caso de la mujer violada, el problema es más clamoroso todavía, pues el mantener la penalización del aborto en estas circunstancias implica apostar por la revictimización de quien ha sido sujeto pasivo de un delito sexual, es decir cárcel para quien decida mantener el producto de una relación forzada y ejecutada en contra de su consentimiento. Todo principio de culpabilidad, juicio de reproche y no exigibilidad de otra conducta se ven menoscabados con esta perspectiva, pero sobre todo se mantiene un escenario claramente discriminativo contra la mujer. En este contexto, el voto de las asambleístas por el informe de la Comisión de Justicia que mantiene la penalización del aborto en las mismas circunstancias en que se encuentra en la actualidad, es repudiable. Las mismas asambleístas que alborozadas proponen la tipificación del femicidio, sin tomar en cuenta que el incremento de penas no ha reducido los niveles de violencia doméstica en aquellos países en los que este tipo penal se ha incorporado. Un feminismo acomodadizo que actúa solo en aquellos sectores en los que no molesta al poder, político, religioso vo mediático.
... el voto de las asambleístas por el informe de la Comisión de Justicia que mantiene la penalización del aborto en las mismas circunstancias en que se encuentra en la actualidad, es repudiable.
