Nuestro invitado | Romel Jurado Vargas

La Defensoría del Pueblo no tiene idea de cuántos ciudadanos han realizado pedidos de acceso a la información pública, tampoco si estos fueron atendidos o no, y menos si obtuvieron o no la información que buscaban, o si algún funcionario fue sancionado por negarles esta información.

En el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) como un mecanismo normativo para reducir la corrupción, pues ordena a todas las entidades públicas y a aquellas entidades privadas que reciben fondos públicos o de la cooperación internacional, poner a disposición de las y los ciudadanos información precisa, pero fácil de comprender, sobre la eficacia y eficiencia de la gestión de las instituciones públicas, así como sobre la transparencia en el uso de sus recursos económicos.

Esta ley le otorgó a la Defensoría del Pueblo la competencia para vigilar que las entidades públicas y privadas cumplan con sus deberes de transparencia y permitan el acceso a la información pública. Desde entonces, todos pusimos nuestras esperanzas en quienes han ejercido el cargo de Defensor del Pueblo para que esa vigilancia rindiera frutos, sin embargo, seguimos esperando sin tener resultados.

En efecto, en el informe de rendición de cuentas del año 2012 presentado por el Defensor del Pueblo se dedica apenas dos páginas a informar a los ciudadanos sobre tan importante asunto y, lastimosamente, dicho informe deja claro que la Defensoría del Pueblo ni siquiera conoce el número total de entidades públicas y privadas que deben poner al alcance de los ciudadanos, a través de sus páginas web, la información pública sobre su gestión. Tampoco sabe cuánto o cómo gastaron dichas entidades su presupuesto; y desconoce si ellas lograron cumplir las metas y objetivos que se incluyeron en su planificación para lograr que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo no tiene idea de cuántos ciudadanos han realizado pedidos de acceso a la información pública, tampoco si estos fueron atendidos o no, y menos si obtuvieron o no la información que buscaban, o si algún funcionario fue sancionado por negarles esta información.

Aunque no existe, en la página web de la Defensoría del Pueblo, una cifra precisa del monto que esta institución ha gastado en personal, oficinas, implementos, viajes, consultorías, viáticos, etcétera, desde el 2004 hasta el 2013, para cumplir sus obligaciones legales en este campo, lo cierto es que, tanto si fueran muchos millones de dólares o algunos cientos de miles, ese gasto ha sido, en mi opinión, dispendioso por ser inútil e infructuoso, pues no sabemos casi nada respecto de lo que la Defensoría del Pueblo tiene la obligación legal de conocer y darnos a conocer en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Este vacío de información es, desde mi perspectiva, una de las causas para que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno central y buena parte de los gobiernos seccionales, la corrupción tenga oportunidad de pervivir en las relaciones entre los actores públicos y privados. Es causa también para que la desidia, la pérdida y el desperdicio de los recursos de todos y todas tengan todavía cabida y para que quienes se beneficien de ello, gocen de una pervertida indemnidad.

Este es el contenido de la intervención que debía realizar el pasado martes ante el Comité de Expertos de la Convención Interamericana Contra Corrupción que visita Quito para evaluar los avances del Ecuador en materia de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, la directora de relaciones internacionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió cancelar mi participación después de conocer el contenido de mi presentación. Eso no importa, lo que sí tiene importancia es que esta realidad debe ser cambiada.

Hacer ese cambio hacia la transparencia no es tan difícil ni costoso como nos han dicho desde el año 2004. En efecto, solucionar este problema es tan simple como desarrollar un portal de transparencia al que tienen que suscribirse todas las entidades públicas y privadas que reciben fondos públicos, a través del Ministerio de Finanzas. Hecho esto, deben llenar unos formularios de transparencia cuyo diseño permitirá recabar información precisa y posible de tabular para así obtener informes estadísticos sobre la gestión y el gasto público de estas entidades. Todo esto, para obtener un “Certificado de Transparencia”, que puede ser emitido por la Defensoría del Pueblo o la Función de Control Social cada año, sin el cual el Ministerio de Finanzas no debería autorizar la transferencia de fondos públicos a las instituciones públicas o privadas que lo soliciten, pues simple y llanamente estas no han certificado la transparencia en el uso de los fondos que ya recibieron.

La transparencia y el acceso a la información pública pueden ser alcanzados técnicamente en un plazo no mayor a seis meses si se implementa esta solución. Ojalá las autoridades con competencia para hacerlo le hagan este alto servicio a la patria.

* Profesor de posgrado y consultor en temas de derechos humanos y de la comunicación. Colaboró en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Comunicación presentado por el “Colectivo de ciudadanos por los derechos de la comunicación” y fue asesor de la Comisión Ocasional de Comunicación de laAsamblea Nacional.