Nuestro invitado |
En la XXI Conferencia General de la Unesco celebrada en Belgrado en 1980, Sean Mac Bride, el presidente de la comisión internacional sobre los problemas de la comunicación, le contó a la comunidad internacional que todos los intelectuales de las diversas regiones e ideologías del planeta convocados a darle forma al “nuevo orden mundial de la información y comunicación” habían fracasado en su empeño.
Ellos no conseguían unanimidad para darle un sentido unívoco a tal nuevo orden mundial, y tenían aún más discrepancias sobre cómo implementarlo. Sin embargo, existieron dos pronunciamientos que fueron suscritos por todos ellos sin importar su ideología, procedencia, religión o pertenencia cultural:
1) El orden mundial de la comunicación y la información imperante es inaceptable y debe ser sustancialmente modificado, precisamente por la desigualdad, injusticia y pobreza que ayuda a reproducir y que por sí mismo produce.
2) Un nuevo orden mundial de la comunicación es parte del cambio hacia un nuevo orden económico internacional basado en la equidad de oportunidades de desarrollo y crecimiento tanto para los pueblos situados al sur como al norte de la línea ecuatorial.
A pesar de los desacuerdos señalados y gracias a las coincidencias establecidas, los intelectuales convocados por la Unesco le dieron al mundo pistas importantes de cómo avanzar en la construcción de un nuevo orden mundial de la comunicación y la información que sea más justo y más solidario; la clave estaba en resignificar los derechos humanos relacionados con la comunicación desde una perspectiva que combine y vuelva recíprocamente complementarias el respeto a las libertades para expresarse con la generación de condiciones materiales para que todos y todas puedan ejercer esas libertades.
Desde mi perspectiva, la Ley de Comunicación es el resultado de ese proceso histórico y político que consiste en volver a pensar y llenar de nuevos significados los derechos de libertad, relacionados con la comunicación así como, crear derechos de igualdad que permitan a las personas tener más acceso a los medios de comunicación, realizar una interacción más democrática con ellos, y estar protegidos de eventuales uso ilegítimos de los medios y tecnologías de la información. Es por esa razón que la vieja maquinaria internacional acostumbrada y acomodada en las viejas definiciones no logra aceptar ni entender el valor del desarrollo de los derechos de la comunicación que se producen contemporáneamente en muchos lugares del mundo.
Con esos antecedentes, creo que los cambios normativos que ha introducido la Ley de Comunicación no son una mera reforma legislativa, sino que constituyen el cimiento normativo del nuevo orden de la comunicación y la información en Ecuador, que a su vez se enlaza con similares esfuerzos en otros países de la región y del mundo. Sería un poco estrecho de visión aferrarse al viejo orden de la comunicación, querer evaluar al nuevo con los viejos parámetros, llorar por los privilegios perdidos.
Es hora de entender el cambio en el orden de la comunicación como una oportunidad que nos convoca a imaginar nuestro desempeño como comunicadores, medios de comunicación, ciudadanos, empresarios de la publicidad, productores nacionales, trabajadores de la cultura, autoridades públicas, en una perspectiva constructiva, proactiva, simplemente superadora de nuestras viejas taras y creencias. Se hace necesario optar entre habitar la época o querer reeditar el pasado.
* Profesor de posgrado y consultor en temas de derechos humanos y de la comunicación. Colaboró en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Comunicación presentado por el “Colectivo de ciudadanos por los derechos de la comunicación” y fue asesor de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional.
