Unos vienen a la aventura, otros con capital para montar un emprendimiento, otros, la mayoría, arrastran su pobreza en busca de nuevos días; pero, todos tienen un sueño, una utopía, una meta: un nuevo porvenir… Y nada mejor que venir a Guayaquil, ciudad de éxito, que puede ofrecer, con sus ancestrales y actuales logros, la posibilidad de conseguir lo soñado.
La pregunta que todos nos hacemos, y, todos intentamos responder es: ¿Por qué se producen estas invasiones? Las réplicas son variadas: Las amenidades urbanas que oferta Guayaquil; un nuevo contacto social; posibilidades de empleo personal y familiar; un emprendimiento como logro y autoempleo; la búsqueda de servicios eficientes en salud y educación, que no poseen en el agro. Ante este espectro muchos caen en la informalidad y el pedigüeñismo.
Todos, absolutamente todos, son víctimas (¿?) de los vendedores de ilusiones –léase traficantes de tierras–. Pensamos, no eximidos de error, que la ingenuidad tiene un límite y ellos, los invasores, traspasan esos límites a sabiendas que van a ser engañados.
¿Si saben que van a ser engañados, prevalece el engaño?
¿Existe, acaso, un nivel de tolerancia frente al fenómeno?
Existe. Existe una disimulada tolerancia frente a la circunstancia. Tolerancia de sociedad. Tolerancia de instituciones. Tolerancia individual. Mientras no afecte la imagen, o, el estatus, mientras no se convierta en roncha política, o, en urticante asunto administrativo. “Mientras no me afecte” dejo de ver y dejo pasar.
Cuando se actúa se utilizan los recursos legales y la fuerza pública, se advierte, se informa, se utilizan los medios y, finalmente se demuele utilizando el concepto de propiedad privada y la maquinaria apropiada para estos menesteres.
De otra parte, los invasores apelan al aspecto humano. Se transfiguran en víctimas. No dicen por qué vienen, por qué invaden. Solo muestran papeles sin valor que indican que han pagado por la tierra que ocupan, que han invertido su dinero, que no tienen adónde ir. No dan los nombres de los vendedores. En fin, utilizan la política de los hechos consumados.
Pero, la ley es la ley y debe ser cumplida. No puede permitirse el uso y abuso sobre la propiedad privada aunque parezca injusto o inhumano. El ordenamiento social tiene sus códigos y debe ser obedecido y cumplido por todos de manera igualitaria.
El espectro de los invasores causa algunas consecuencias sobre el estado y desarrollo de la ciudad. Insistimos. No se puede permitir el uso indebido de la propiedad privada. Las invasiones a las tierras particulares si se permiten o se legalizan, solo traerán resultados nefastos para el presente y el futuro de Guayaquil. Lo más grave, urbanísticamente hablando, es el crecimiento edilicio de forma horizontal que ya atormenta a la urbe por los costos de expansión de la infraestructura, y, para rematar el costo social que es un desafío entre las edificaciones normales (por ponerle un nombre) y las construcciones de los asentamientos informales y no controlados.
En fin. ¿Soluciones? Difíciles e incompletas –casi que nos come el tigre–.
Organizar a los invasores para que sus asentamientos sean ordenados. Educarlos en el uso de la ciudad. Proponerles alojamiento bajo el sistema de leasing. Utilización adecuada del bono de desarrollo. Enfocar el “problema de la vivienda” desde lo social más que de lo político y lo meramente constructivo. Destinar tierras para el uso de programas de vivienda transitoria (previa aceptación y control municipal), y, lo más importante, urbanizar los campos. Es decir, otorgarles a los ciudadanos invasores pueblos con más amenidades, con más salud, con más educación y con más posibilidades de empleo.
Por supuesto que este tipo de acción política provocará más atracción sobre la ciudad, pero, esto puede ser contrarrestado con el desarrollo de planes simultáneos de acción sobre las áreas rurales.
Soluciones deben de haber muchas y muchas más. Es necesario que los gobiernos Nacional y Municipal agrupen personas estudiosas del tema y se pongan manos a la obra.
La ley es la ley y debe ser cumplida. No puede permitirse el uso y abuso sobre la propiedad privada aunque parezca injusto o inhumano. El ordenamiento social tiene sus códigos y debe ser obedecido y cumplido por todos de manera igualitaria.
