El cuerpo de Antonio Acosta Díaz permaneció 18 días en el Laboratorio de Ciencias Forenses y Criminalística tras su muerte en la Penitenciaría del Litoral. Acosta llevaba dos años recluido y falleció, según sus familiares, a causa de tuberculosis.
Su suegro contó que se enteraron de su deceso el jueves 5 de febrero, cuando vieron en las noticias la información sobre nuevas muertes en el penal.
Se acercaron al centro y, en primera instancia, les dijeron que su yerno estaba en el pabellón 7 y luego que estaba en el 9, pero no lo encontraron en ninguno.
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Tres días después fueron notificados de que su cuerpo había sido trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, donde sus familiares aguardaron la entrega de sus restos desde el jueves por la mañana hasta cerca del mediodía del viernes 6 de febrero.
“Lo que sabemos es que el muchacho ha muerto adentro con esa enfermedad (tuberculosis). Ya llevaba 18 días muerto y recién nos enteramos. Conviven con los muertos; todos se contagian allí. No permiten visitas. No permiten entrar medicinas”, dijo su suegro.
Muertes y gestión de cuerpos en la Penitenciaría
Entre el lunes y martes de esta semana se presentó el reporte de al menos once privados de la libertad fallecidos.
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Solo el 2 de febrero, la Policía Nacional fue notificada sobre la muerte de seis reos en la Penitenciaría. Los fallecimientos se registraron en los pabellones 3, 5 y 7.
Los hallazgos fueron reportados alrededor de las 09:00 por personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad encargada de la administración de las cárceles.
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Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la respectiva autopsia. No habrían registrado signos de violencia.
Los fallecidos fueron identificados como Stalin S., de 30 años; José E., de 23; Ronald J., de 32; Diego R., de 25; Juan S., de 35, y Eduardo R., de 27. Todos eran de nacionalidad ecuatoriana y de sexo masculino.
La crisis sanitaria y humanitaria
La Penitenciaría del Litoral atraviesa una crisis marcada por casos de tuberculosis y desnutrición crónica entre las personas privadas de la libertad.
Ana Morales, directora y fundadora del Comité de Familiares por una vida digna, dentro y fuera de las cárceles, afirmó que los reos conviven con los cuerpos de otros que han fallecido a causa de tuberculosis.
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Según Morales, Criminalística cuenta con un cupo limitado; si no hay seis cuerpos, no los pueden retirar en su totalidad. Entonces, pasan hasta cuatro días en las celdas. Si alguien muere un jueves se queda durante todo el fin de semana y recién el lunes pueden ser levantados.
“Son cuatro días de putrefacción, de contaminación, de un olor nauseabundo para los privados de libertad que conviven con los fallecidos. El Estado los está dejando morir, lo que están haciendo es un genocidio estatal”, reclamó Morales.
Para “mitigar” estos efectos, muchos reclusos han destinado una celda para los muertos, donde los mantienen aislados hasta que llegue Criminalística a hacer el debido levantamiento.
Frente a esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de las personas privadas de libertad, al considerar que atraviesan un escenario de extrema gravedad y urgencia en el que sus derechos a la vida, la integridad física y la salud se encuentran expuestos a un posible daño irreparable.
En los primeros nueve meses del año pasado, más de 700 internos habrían perdido la vida en los centros penitenciarios del país.
Los constantes traslados de detenidos para cumplir diligencias o rendir declaraciones en dependencias judiciales también han generado inquietud entre servidores públicos y profesionales del Derecho.
En oficinas de la Fiscalía se dispuso el uso obligatorio de mascarillas para el personal, medida que ya se aplica en los edificios de La Merced y Montecristi. En tanto, en algunas unidades judiciales, ciertos funcionarios optan por utilizar estos implementos de protección como prevención. (I)
