La inversión de $ 75 millones que hará el gobierno de Guillermo Lasso para la reestructuración del sistema penitenciario debería servir para, entre otras cosas, suplir el déficit de guías y mejorar su formación, dicen expertos que han sido consultados por este medio.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomiendan contar con un guía por cada 10 internos, pero eso no se cumple en Ecuador, donde 1.460 guías penitenciarios deben distribuirse por turnos en el día y en la noche, los siete días de la semana, para una población de 38.729 privados de libertad, que viven en 37 cárceles y 11 centros de adolescentes infractores.

Esas cifras representan un déficit del 70 % respecto al número ideal de celadores que deberían existir en el país, según los organismos internacionales.

El Estado -durante el gobierno de Lenín Moreno- redujo sustancialmente el presupuesto del sistema de rehabilitación social y el número de guías penitenciarios, ese hecho tiene directa conexión con la situación de pérdida de control sobre las cárceles del país”, analizó el catedrático David Cordero-Heredia, director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

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Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social y experto en temas de seguridad, recordó que la Corte Constitucional fustigó que los estados de excepción y sus renovaciones en los dos últimos años no han resuelto las fallas del sistema de rehabilitación social y se ha preguntado si los responsables de haber desaprovechado la oportunidad de contar con recursos tendrán alguna sanción.

Él ha criticado la mala planificación y abandono de la escuela de guías penitenciarios ubicada en la provincia de El Oro.

De hecho, un pronunciamiento de la Corte Constitucional por la crisis carcelaria, que se agudizó en febrero, evidencia que el gobierno de Moreno perdió casi dos años sin solucionar las fallas del sistema penitenciario.

“A eso súmele la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el primer intento serio en nuestro país de tener una política integral para abordar el tema de la rehabilitación social”, criticó Cordero-Heredia.

Los recortes de personal en el sistema penitenciario significaron el despido de psicólogos y trabajadores sociales, es decir, precisamente el personal que hace seguimiento a los programas de rehabilitación.

Ahora, a casi tres meses de Guillermo Lasso en el poder, el Gobierno se plantea soluciones a mediano, corto y largo plazo.

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El director del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Fausto Cobo, explicó este miércoles que los $ 75 millones que se planean invertir durante cuatro años no se utilizarán para construir más cárceles, sino para adecuaciones de pabellones, con énfasis en centros penitenciarios de máxima seguridad.

Pero los expertos insisten en darle prioridad a ese déficit del 70 %, que incluso lo reconoció Edmundo Moncayo antes de salir del SNAI.

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El nuevo plan de reestructuración que ha presentado Fausto Cobo fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), y en él se plantean reparaciones a centros afectados por los últimos motines y la implementación de tecnología en los primeros seis meses. Además, se enlista solucionar, en al menos dos años, el problema de hacinamiento.

Daniela Oña, experta en Derechos Humanos y personas privadas de la libertad, sostiene que “una real rehabilitación social se logra desde un enfoque de derechos y desde la atención integral de la persona, cuestión que lo plantea el modelo de gestión penitenciaria pero que no ha podido ejecutarse de forma adecuada debido principalmente a la falta de presupuesto. Se rehabilita trabajando los ejes de salud, psicología, trabajo social, educación, cultura y deportes”.

Camacho ha venido pidiendo la implementación de tecnología para ayudar a reducir el hacinamiento y así lograr un eficaz programa de rehabilitación. “Lastimosamente, los grilletes electrónicos que se compraron no son confiables, porque eso sería la solución para tener a unas 5.000 personas con medidas cautelares, fuera de las cárceles, mientras esperan su juzgamiento”.

Su idea es que las personas sentenciadas por un delito menor a tres años y que no tengan conductas de violencia deberían ir a un centro de rehabilitación distinto, no a una cárcel nacional, donde se va a contaminar con prisioneros violentos. “Así le pongamos en (pabellones de) mínima seguridad va a tener pésimas compañías. Una persona sí se puede rehabilitar si no está en un medio lleno de maldad”.

¿Es posible lograr la rehabilitación social de los presidiarios o se trata de una utopía?

El presidente Lasso ya ha manifestado la intención del régimen de que unas 5.000 personas, que no representan peligro para la sociedad, puedan salir de las prisiones y cumplir otras medidas.

Los centros carcelarios tienen que estar manejados por criminólogos, sociólogos o psicólogos, no son cargos para compadrazgos o cuotas políticas”, opina Mario Pazmiño, experto en seguridad ciudadana.

Él sugiere que por unos dos años la Policía se haga cargo del control interno de las cárceles y que durante ese tiempo se formen nuevos guías penitenciarios “con asesoría internacional, estableciendo protocolos y estándares de excelencia interna para el manejo de las cárceles, que deben estar a cargo de administradores expertos en manejo de crisis y solución de conflictos”. (I)