Una delegación expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó Ecuador y emitió un pronunciamiento en el que expone su preocupación por las masacres ocurridas en las cárceles del país e hizo un llamado al Estado, con el fin de que se adopten medidas inmediatas y adicionales que aborden el problema y aseguren los derechos humanos de los prisionero.

“Estamos profundamente preocupados por la grave situación en varios centros de detención y prisiones en Ecuador”, dijo María Luisa Romero, quien encabezó la delegación de cuatros miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU.

El comunicado se difundió este jueves 6 de octubre, después de las últimas matanzas ocurridas en la cárcel de Latacunga y en la Penitenciaría del Litoral, entre el 3 y 5 de octubre, que cobraron la vida de 29 internos, quienes fueron asesinados de formas violentas.

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Romero enfatizó que “la reciente violencia es la consecuencia del abandono estatal desde hace décadas”. Describió que los detenidos se encuentran en estado de tensión y constante temor dentro de prisiones que carecen de servicios esenciales y recursos básicos.

“Algunos espacios de estas prisiones son autogestionados por detenidos que son miembros de organizaciones criminales”, agregó la funcionaria.

El grupo del SPT estuvo en Ecuador entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, en atención a los incidentes que han sucedido en los centros de privación de la libertad en los últimos años.

Durante el tiempo que permanecieron en el país, los expertos acudieron a cárceles de tres ciudades. Los recorridos incluyeron visitas conjuntas con el el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que tiene el mandato bajo el protocolo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (OPCAT).

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María Luisa Romero reconoció el compromiso de Ecuador para enfrentar la crisis carcelaria, así como la apertura de las autoridades para acceder sin restricciones a las prisiones. Indicó, además, que la misión dialogó con varios actores, incluyendo al presidente de la República, Guillermo Lasso.

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El Subcomité para la Prevención de la Tortura elaborará un informe con recomendaciones para el Estado, el cual permanecerá confidencial hasta que las autoridades nacionales decidan hacerlo público. Adicionalmente, se hará otro reporte confidencial para el Mecanismo Nacional de Prevención.

“La dinámica existente de autogobierno dentro de las llamadas megacárceles ha llevado a violaciones de derechos y presenta retos a los esfuerzos del Ecuador para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, se destaca en el comunicado.

Hasta el momento ninguna autoridad nacional se ha manifestado por el pronunciamiento del Subcomité para la Prevención de la Tortura. (I)

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