De 555 homicidios intencionales perpetrados en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), durante el primer trimestre del año, solo el 5,8 % tiene una resolución policial, es decir, hubo captura de los victimarios; por tanto, se instauró un procesamiento judicial.
El 94,2 % de casos se encuentra en investigación, según información policial que consta en el Decreto Ejecutivo 706 del 1 de abril, que establece el estado de excepción con toque de queda entre la 01:00 y 05:00, para dicha jurisdicción y las provincias de Santa Elena y Los Ríos por 60 días.
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Esto es parte de las acciones urgentes dispuestas por el Gobierno nacional para contrarrestar la inseguridad que se vive en el país y que se manifiesta a diario con ataques con explosivos afuera de viviendas o negocios, asesinatos, secuestros y extorsiones, en un escenario nunca antes visto.
La Zona 8 es el territorio con más muertes violentas, y dentro de este Guayaquil encabeza la lista con 526 crímenes, seguido de Durán con 26 y Samborondón con 3, entre el 1 de enero y el 29 de marzo del año en vigencia, de acuerdo con información policial. El total de homicidios representa un incremento del 69 % de casos respecto al mismo periodo del año anterior.
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Nino Cassanello Foghini, abogado penalista y docente universitario de Delincuencia Organizada y Seguridad del Estado, explica que cuando hay un homicidio y se captura a quien lo perpetra se da la flagrancia y aquello cuenta ya como proceso; por tanto, entra en la estadística de muertes violentas con procesamiento directo.
No así, señala, en el caso de asesinatos cuyo autor no es capturado. Allí el asunto entra en investigación, un proceso que para él tiene varios escollos. “Fiscalía señala hora, pero no tiene suficientes fiscales, entonces, por darle un ejemplo, usted tiene un sospechoso fuerte, aun para ese sospechoso fuerte usted necesita llamarlo a rendir versión. Hasta que lo ubica para notificarlo que está en investigación y que rinda versión pueden pasar meses”, expresa.
Adicionalmente, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) debe emitir un informe. “Pero aun la Dinased tampoco se abastece porque mientras se está investigando uno (crimen) se genera otro, y la prioridad siempre va a ser a la flagrancia, en el (caso) en que sí atraparon al delincuente. Y lo otro empieza un poco a vivir el sueño de los justos”, menciona Cassanello.
Para el abogado penalista, todo esto genera en la ciudadanía una “sensación de impunidad real” que tiene que ver con la falta de operadores judiciales, falta de seguridad para los funcionarios y cuestiones “engorrosas” como la notificación.
“Todas esas cosas suman y, efectivamente, la sensación es de impunidad, pero el problema no es que falten normas, tal vez una que otra en la obligatoriedad de un casillero, el tema es también la aplicación y la decisión de las autoridades para esa aplicación. Y la decisión, como lo han señalado varios colegas, sobre todo en Quito, también pasa por darle las seguridades a los funcionarios que hacen las investigaciones”, expresa el jurista.
Patricio Carrillo, exministro del Interior, se refirió a la cifra de muertes violentas perpetradas durante el 2022, cuando hubo unos 4.800 casos a escala nacional. De ese total, sostuvo el exfuncionario en entrevista con Teleamazonas el 11 de abril, solo en un 5 % de casos fueron identificados los victimarios, menos del 3 % recibió sentencia y menos del 1 % cumplió la sentencia, dijo.
“Esa impunidad es la que nos está afectando”, expuso el exfuncionario que fue censurado por la Asamblea Nacional en febrero pasado.
Según la información policial que consta en el Decreto Ejecutivo 706, la mayoría de homicidios se atribuyen a la disputa de territorio entre bandas delictivas. La delincuencia organizada opera en siete distritos de la Zona 8: Pascuales, Nueva Prosperina, Florida, Portete, Esteros, Sur y Durán.
De los conflictos entre bandas delincuenciales organizadas que pugnan, entre otras cosas, por el control de rutas y territorios para el microtráfico se desprende un escenario constante de asesinatos en los diferentes sectores de la ciudad.
En esta dinámica se ha visto una tendencia de los grupos de delincuencia organizada a reclutar a menores de edad. En septiembre del año pasado, el general Víctor Zárate, entonces comandante de Zona 8, mencionó en una entrevista con este Diario que jóvenes de 15, 16 y 17 años eran detenidos por cometimiento de delitos.
Las autoridades gubernamentales sostienen que las bandas delictivas reclutan cada vez a más niños y adolescentes a propósito de que estos son inimputables.
¿Cómo contrarrestar la impunidad?
El abogado Nino Cassanello sostiene que para ello se requiere de un cambio en la política judicial, para hacer más ágiles los procesos, pero lo más importante es fortalecer la atención social para evitar que menores que no tienen acceso a la educación, por ejemplo, sean presas fáciles de las organizaciones criminales.
“No es una solución monoarística de más bala o más policía; sí, la administración de justicia tiene sus falencias, una de ellas es la corrupción, otra de ellas es la falta de recursos, pero también es ingenuo pensar que la administración de justicia va a procesar todo. También tenemos que entender que hay que cortarle el aliciente a las personas para delinquir”, refiere.
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Por su parte, el exministro Patricio Carrillo se preguntó en la entrevista televisiva si en el país hay “una política trabajando para la mafia” que da paso a una “impunidad solapada” de la corrupción y el sicariato.
“Estas conductas son delitos dolosos por excelencia sobre los cuales nosotros deberíamos prestarles muchísima atención. Me parece que hay una impunidad solapada en términos de legalidad y una impunidad solapada en términos de economía ilegal. Porque esta maquinaria de violencia, esta producción de violencia obedece a estos mercados criminales de enorme rentabilidad sobre los cuales todavía no tenemos control”, expresó el exsecretario de Estado. (I)