El juez Ronald Guerrero dictó auto de sobreseimiento para Dalo Bucaram Pulley y su esposa Gabriela Pazmiño en el caso de delincuencia organizada que es investigado desde hace casi un año en Guayaquil por la venta irregular de medicamentos a hospitales públicos, en el que también están procesados los hermanos Jacobo y Michel Bucaram Pulley, Daniel Salcedo Bonilla y varios funcionarios y empresarios.

El abogado Francisco Onofa, quien defiende a la pareja Bucaram Pazmiño, indicó que tras el anuncio se suspendió la diligencia que se realizó en el segundo piso de la Corte Provincial de Justicia, y que la audiencia se retomaría el lunes 17 de mayo a las 09:00.

El fiscal Eduardo Díaz, quien lleva el caso, indicó que apelarían la decisión del juzgador. En ese caso se procesa a 17 personas en total.

En diciembre pasado la fiscal Claudio Romero, emitió dictamen abstentivo a favor de Gabriela Pazmiño y Michelle Bucaram, pues aseguró entonces que no contaba con pruebas suficientes en su contra.

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Días después, la fiscal provincial Yanina Villagómez, revocó en dictamen de Romero y se cambió de fiscal (Eduardo Díaz). En enero Villagómez remitió a la sala de sorteos del Guayas la copia certificada del proceso para el inicio de una investigación contra Gabriela Pazmiño y Michele Bucaram, además de al menos cuatro personas más, por presunto enriquecimiento privado no justificado.

La Fiscalía anunció en sus cuentas oficiales este jueves que el juez Guerrero además llamó a juicio a Noé Salcedo Bonilla y a Jorge S. por presunta delincuencia organizada. Ellos no estaban procesados inicialmente en este caso.

Pero esta no fue la única audiencia que se celebró este jueves en los juzgados del país.

Delincuencia organizada en Quito

Por segunda ocasión se difirió este jueves la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra las siete personas procesadas por delincuencia organizada, entre quienes están el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley. La audiencia estaba dispuesta para este jueves 13 y viernes 14 de mayo, pero debido a pedidos de última hora se difirió y se la definió para el sábado 22 y domingo 23 de mayo próximos.

La jueza María Elena Lara, advirtió a los sujetos procesales “por última ocasión” que no se aceptará un nuevo diferimiento en el caso en el que se investiga un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020, pues existen personas con órdenes de prisión preventiva. Ya dos agentes de tránsito fueron sentenciados hace un mes por este caso en el que estaban involucrados dos israelíes que vendieron insumos médicos de forma irregular. Uno de ellos fue asesinado en prisión.

Lavado de activos

En El Oro se reinstaló la audiencia de juicio contra Daniel y Noé Salcedo Bonilla, Jorge S. M., Jorge S. V. y seis personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos. En seis días, la Fiscalía ha presentado ante el Tribunal 37 testimonios.

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Este caso se inició tras el decomiso de 47.000 dólares a Noé Salcedo, quien habría cruzado de forma ilegal la frontera con el dinero cuando su hermano Daniel tuvo el accidente aéreo en junio del año pasado.

Tras el decomiso, se empezó a indagar el origen del dinero, pues además los hermanos Salcedo usaban credenciales falsas para identificarse.

Caso Actemra

Este jueves se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra Noé Salcedo Bonilla, Abraham Muñoz V. y cuatro personas más, entre ellas Álvaro Ponce, exgerente del hospital del Guasmo, sanatorio del que fue retirado el medicamento Actemra.

La Fiscalía los procesa por presunta delincuencia organizada por la venta irregular del medicamento para el COVID-19, que durante la emergencia sanitaria fue sacado de forma irregular del hospital del sur de Guayaquil y fue vendido en redes sociales en hasta $ 2.000.

El delito de delincuencia organizada puede ser sancionado con prisión de 5 a 10 años, según el Código Penal.

Según las primeras investigaciones, Noé Salcedo habría retirado el medicamento de la farmacia con la ayuda de funcionarios, luego lo habría entregado a Muñoz, quien lo vendía en sus redes y hacía entregas a domicilio.

Ese fue el testimonio de un taxista que movilizó al entrenador cuando miles de pacientes graves requerían el medicamento. La defensa de Muñoz dijo el año pasado que su cliente ya había devuelto al hospital el medicamento que tomó prestado de la farmacia, pero el fiscal César Suárez aseguró que eso no lo exime de culpa. (I)