Con 131 votos afirmativos y una abstención, la Asamblea aprobó el informe elaborado por la Comisión de Seguridad Integral que aborda la situación carcelaria y de seguridad en el país.
El documento que contiene más de 600 páginas investiga la actuación de los funcionarios públicos para prevenir y resolver la crisis en los centros de rehabilitación, así como la inseguridad ciudadana que vive el país debido a que, según el informe, está causando grave conmoción social.
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La sesión del pleno empezó alrededor de las 10:35, del 17 de noviembre, y se extendió por diez horas. Al inicio de la jornada estuvieron presentes 127 legisladores, pero al momento de la lectura del informe de la Comisión de Seguridad permanecieron en la sala 76 asambleístas. Para la votación ya se encontraban 132 asistentes.
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El documento que se sometió a discusión arrojó 52 conclusiones y 72 recomendaciones frente a la situación en los recintos carcelarios. A raíz del debate se agregaron 9 puntos adicionales que surgieron de observaciones planteadas por los asambleístas.
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Los temas introducidos durante la sesión fueron los siguientes:
- Determinar que la situación en las cárceles es una prioridad nacional, puesto que ha provocado muerte, intranquilidad y grave inseguridad ciudadana;
- Recomendar a todas las instituciones del Estado que desarrollen un protocolo de derechos humanos con relación a las personas privadas de la libertad (PPL), así como crear mecanismos de medición del cumplimiento de las recomendaciones del informe;
- Recomendar al ente rector del sistema de rehabilitación social que implemente un plan de contingencia para superar el déficit de talento humano, a fin de que las PPL puedan acceder al régimen penitenciario semiabierto;
- Recomendar al entre rector de rehabilitación social que establezca plazos de cumplimiento de las recomendaciones del informe;
- Requerir a la Defensoría del Pueblo el fortalecimiento de las acciones del Mecanismo nacional de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes;
- Solicitar a la Defensoría del Pueblo que inicie un proceso defensorial por la vulneración de los derechos humanos de los internos que fueron víctimas de las masacres en las cárceles en el último año. Especialmente se considerará el caso del defensor del agua Víctor Guaillas;
- Solicitar a las distintas funciones del Estado que, conforme a las recomendaciones del informe, se determinen medidas de reparación integral para las víctimas y sus familias;
- Remitir el informe y sus anexos a la Contraloría y a la Fiscalía para que inicien las investigaciones correspondientes;
- Remitir el informe y sus anexos a la Presidencia de la República, al directorio del organismo técnico de rehabilitación social, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), al Ministerio de Gobierno, a la Comandancia General de la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones.
Durante el debate, el asambleísta Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad Integral, expuso detalles del informe. Señaló que se pudo determinar que no hay una política pública con enfoque en derechos humanos y política criminal; además, se incrementó la población carcelaria.
“Hay débil capacidad estatal, no hay personal, no hay infraestructura, no hay dotación, no hay sistema de inteligencia, y lo más grave es que hay una desarticulación de las entidades de seguridad. Hay muchos actores y al final ninguno responde. El rol del sistema judicial ha sido de una indiferencia e indolencia absoluta frente a los problemas. No se garantiza el acceso a la justicia eficiente y oportuna”, manifestó Narváez.
Entre las conclusiones del informe, destacó el parlamentario, está que el Estado inobservó los estándares internacionales y no actuó con la debida diligencia. El legislador resaltó que la problemática en las cárceles se profundizó entre 2017 y 2021. Y que desde 2013 esta situación ha sido observada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual ha advertido que no existe articulación entre las instituciones estatales.
Para la elaboración del informe, la Comisión de Seguridad visitó los centros de rehabilitación de Guayas, Cotopaxi, Pichincha, Azuay y Chimborazo, donde se constató que el 42,59 % de la población carcelaria vive en hacinamiento y que las instalaciones y servicios no cumplen estándares internacionales.
El asambleísta Luis Almeida (PSC) criticó la demora de la Policía para ingresar a la Penitenciaría del Litoral en la última masacre registrada que dejó un saldo de 62 personas asesinadas. “No puede decir alguien que no se hizo nada (en la Penitenciaría) porque era muy peligroso entrar. Entonces, ¿aceptamos que somos un Estado fallido? No podemos aceptar esto. El Estado tiene que defender la vida de todos”, cuestionó Almeida.
Ronny Aleaga (UNES) insistió en que la crisis carcelaria viene desde 2019 y que en la actualidad la cifra de fallecidos en los centros de rehabilitación asciende a 323, “sin que ninguna autoridad del Ejecutivo se haga responsable por los daños”. Solicitó que se disponga al presidente Guillermo Lasso que informe a la Asamblea cuál será el tratamiento para resarcir a los familiares de las víctimas.
Desde el oficialismo, Diego Ordóñez (CREO) resaltó que el problema no es reciente y que para hallar soluciones se requiere de un diagnóstico y recursos. Además, señaló que ante el excesivo uso de la prisión preventiva una opción es que los jueces tengan protocolos para saber cuándo se aplica o se ponen medidas alternativas.
Ordóñez mencionó que una de las causas para que los jueces recurran a la prisión preventiva es por la falta de grilletes electrónicos que permitan la aplicación de medidas diferentes. En ese sentido, expresó que el Gobierno enfrenta la crisis sin sistemas de seguridad ni mecanismos de tecnología.
También se refirió al dictamen de la Corte Constitucional (CC) que prohibió el ingreso de militares a los recintos carcelarios. “Esperamos que en la CC se supere esa visión ideológica de que los presos son víctimas de la injusticia social”, comentó Ordóñez.
El debate en el pleno terminó a las 20:45, luego de la intervención de 35 asambleístas de las diferentes bancadas legislativas. (I)