La Asamblea Nacional, este 17 de noviembre, abrió el debate sobre la situación de la crisis de las cárceles de Ecuador con base en un informe elaborado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto de la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.

El informe contiene 52 conclusiones y 72 recomendaciones sobre la situación carcelaria. El presidente de la comisión legislativa que investigó el caso, Ramiro Narváez (ID), antes de la sesión plenaria afirmó que se detectó que el control de muchos pabellones de la Penitenciaría del Litoral ya estaba en manos de los privados de la libertad desde el 2015.

El pleno de la Asamblea se instaló a las 10:35, pero luego de tramitar dos pedidos de cambio del orden del día se declaró en comisión general para recibir a Viviana Hidrobo, representante de la alianza de organizaciones por los derechos humanos del Ecuador, quien participó como veedora en la investigación.

Asambleístas creen que la crisis carcelaria no se soluciona con aprobación de nuevas leyes

Que hay una desarticulación de las instituciones que genera un debilitamiento preocupante en los sistemas de rehabilitación social.

Narváez reveló que horas antes de la aprobación de este informe en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió solicitudes de que se borre del informe todo lo que estaba desde el 2017 hacia atrás, y que ese pedido fue realizado por los asambleístas que representan al bloque Unión por la Esperanza (UNES), que presentaron un informe de minoría.

Narváez dijo que el pedido era que no se mencione lo que sucedió en las cárceles antes del 2017, que el análisis era supuestamente desde el 2017 hacia adelante.

Una de las conclusiones del informe señala que el Estado, desde el año 2015, ha venido perdiendo progresivamente el control y la soberanía dentro de los centros de privación de libertad regionales. Actualmente se advierte que el Estado tiene relativo control en los centros de privación de libertad provinciales.

Narváez aclaró que en el informe son críticos con el gobierno de Guillermo Lasso, pero que entienden que él no causó esta crisis, sino que heredó este problema. Que está cinco meses en el Gobierno, pero se observó que sus autoridades muchas veces son muy lentas en tomar acciones y decisiones y que se han dedicado a lavarse las manos, como la ministra responsable de derechos humanos que manifiesta que no es de su competencia la violación de los derechos humanos dentro de las cárceles.

El legislador de la ID afirmó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) es una institución que está desmantelada, no tiene presupuesto, personal administrativo ni guías penitenciarios.

Indicó que el Gobierno primero manifestó que este es un problema de enfrentamientos entre bandas delincuenciales, lo cual es verdad, pero esa no es la causa de la crisis, cuando no hay directores y presupuestos. Luego culpó a la Corte Constitucional de que no le deja actuar, y hoy señala que le faltan leyes para ejecutar las acciones, cuando lo que se debe hacer es asumir las responsabilidades.

Conclusiones y recomendaciones

Entre las 52 conclusiones que estableció el informe presentado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral sobre la crisis carcelaria se destaca que desde el año 2016 hasta el presente 2021, el Estado ecuatoriano inobservó los estándares internacionales y el cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad pese a las recomendaciones recibidas desde el sistema universal e interamericano de derechos humanos.

Que el Estado no actuó con debida diligencia para garantizar la protección de la vida y la integridad personal dentro de los recintos penitenciarios, en particular frente a los actos de violencia y las masacres carcelarias de 2019, 2020 y 2021 pese al conocimiento de las condiciones de riesgo en las que se encontraban las personas privadas de la libertad.

Entre el periodo 2016 y 2021 se determina responsabilidad directa de los servidores públicos con competencias frente al sistema nacional de rehabilitación social, esto es, los ministros de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; secretarios nacionales de Derechos Humanos; integrantes del directorio del organismo técnico de rehabilitación social, presidentes del directorio de ese organismo, pleno del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno del sistema judicial.

Frente a ello, la Comisión encarga al pleno de la Asamblea evaluar la pertinencia del inicio de un juicio político a las autoridades que tienen relación con el sistema de rehabilitación social.

Otra de las conclusiones señala que la Función Judicial ha actuado con indiferencia frente a las graves problemáticas que enfrentaba el sistema de rehabilitación social en general y en particular aquellas relacionadas directamente con el acceso a una justicia oportuna.

Por ello, la Comisión recomienda que el Consejo de la Judicatura de manera urgente implemente un proceso de evaluación del desempeño de los jueces de garantías penales, garantías penitenciarias y de las unidades multicompetentes que se encuentran tramitando procesos de personas privadas de libertad.

La crisis carcelaria evidenciada con las últimas masacres es el resultado de años de abandono del sistema de rehabilitación por parte del Estado y de la ausencia de políticas públicas y modelos de gestión integrales de rehabilitación social y reinserción laboral y social con enfoque de derechos, concluye la investigación.

Que el SNAI no cuenta con un sistema idóneo de gestión penitenciaria, no posee información de seguimiento de un plan de cumplimiento de la pena, información del avance o actividades de los ejes de tratamiento, como tampoco información respecto a la situación médica o alertas que deban ser consideradas para un adecuado tratamiento y rehabilitación.

Por ello, se recomienda que la función Ejecutiva realice un censo penitenciario; que la Contraloría General del Estado realice una auditoría de gestión a las autoridades cuyas responsabilidades se han identificado y además formule exámenes a los procesos de contratación.

También recomienda a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que en un plazo de 30 días presente al pleno un informe sobre la factibilidad de concesión de indultos humanitarios por parte de la Asamblea. Asimismo, que en un plazo de 60 días la misma Comisión presente un informe al pleno sobre el estado de situación de la reparación integral a las personas privadas de libertad que han sufrido violaciones de derechos humanos. (I)