¿Por qué no se identificó a los grupos delincuenciales en decreto para combatir al terrorismo?

El Gobierno emitió este miércoles el decreto ejecutivo con el cual se dispone una serie de acciones para combatir al terrorismo. Con este instrumento se dispone a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares en todo o parte del territorio nacional, con el fin de enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Y eso se deberá aplicar con instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución y el ordenamiento jurídico del Estado. Este decreto surge días después de una resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe ), que recomendó al presidente Guillermo Lasso una serie de acciones para combatir al terrorismo.Aunque dentro del Gobierno se identifican unos ocho grupos de delincuencia organizada (GDO) que han realizado acciones que se acercan a actos terroristas, el decreto no indentifica ni declara a estas agrupaciones como terroristas. Horas antes de que se emita el decreto, en la Asamblea Ncaional, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, especificó el alcance de las acciones. Allí explicó que no han sido declarados terroristas los grupos delincuenciales. Señaló que lo que se combatirá son los actos terroristas. Citando el 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Proaño recordó que el terrorismo se asocia a una persona o asociación que cometa actos de violencia o terror en contra de la ciudadanía. “No está determinado un grupo, nombre o alguien, es una persona o agrupaciones las que se determinen. Eso se trabaja y se identifica y la fuerza pública actúa en contra de estos terroristas”, dijo.El oficial sostuvo que no se trata de una guerra, sino que el concepto se enmarca en un asunto de una amenaza. Fausto Salinas, comandante de la Policía, también precisó que no se perseguirá a personas, sino acciones terroristas, que serán judicializadas.Para las autoridades, el ataque armado que sufrieron dos policías esta semana en La Troncal o el ataque armado en el muelle pesquero de Esmeraldas, que causó nueve muertos , podrían ajustarse como actos terroristas.Tras conocerse el decreto ejecutivo, en redes sociales surgieron voces ciudadanas que creen que se debe definir e identificar claramente los GDO y líderes que están involucrados en actos terroristas con el uso de explosivos y masacres. En el país se han vuelto constantes los ataques con uso de artefactos explosivos. Casi todos los días en Guayaquil hay alertas de este tipo de ataques en negocios y hasta iglesias.Uno de los ataques más fuertes se perpetró el año pasado en el Cristo del Consuelo , donde hubo una explosión que provocó muertos, heridos y daños en estructuras.Dentro del decreto emitido ayer se dispone al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) tomar previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones contra el terrorismo, sean sometidos a procesos judiciales penales, con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad.Para la implementación del decreto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignará los recursos que necesiten las Fuerzas Armadas y la Policía.Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes”. Carlos Estarellas Velázquez, experto ecuatoriano en derecho internacional y catedrático universitario, dijo días atrás a EL UNIVERSO que esta declaración del Cosepe, que incluye la recomendación del uso de armas letales, es positiva y se apega al “terror que las bandas criminales están causando en el país” -según la definición de terrorismo, un delito de carácter internacional -, aunque reconoce que es una medida que se debe aplicar con mesura y establecer las diferencias con la delincuencia común. “Lo decidido por el Consejo de Seguridad es positivo, pero la aplicación de esta medida debe tener la mesura y morigeración necesaria para que no paguen justos por pecadores. Si bien es cierto que el pueblo ecuatoriano exige respuestas al Gobierno, se debe cuidar que las acciones además de oportunas sean racionales”, indicó. (I)

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