El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Alfredo Serrano expuso que se debería establecer un plazo para los parámetros para la tenencia y porte de drogas incluida en la ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, también denominada Ley de Solidaridad.
En noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa dispuso que se derogue la denominada tabla de consumo de drogas mediante la Resolución 001-CONSEP-CD-2013 y sus reformas. Esta tabla se estableció en el 2013 para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga, durante el gobierno de Rafael Correa.
Ahora, en el cuerpo de la Ley de Solidaridad se plantea la sexta disposición reformatoria, que busca reformar el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer parámetros a fin de determinar el uso o consumo personal.
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Aunque no se le confirió la palabra mientras se trataba la ley, el sábado anterior, Serrano expuso que votó a favor del proyecto de ley por ser una herramienta más para resolver el problema de la delincuencia, en medio de otras acciones que a su juicio deben realizarse desde el Gobierno nacional.
Él además aseveró que este tema de los parámetros de posesión o tenencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas no se lo tenía incluido en el proyecto de ley que llegó en primera instancia al Legislativo.
“En el proyecto original del presidente (Noboa) no vino eso, en el informe para primer debate no vino el tema de los parámetros, oh sorpresa, en el informe para segundo debate sí estuvo”, recordó.
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En ese sentido, él dijo que planteaba presentar esa inquietud durante el segundo debate, que se extendió por más de tres horas. No tuvo la palabra.
Además, dijo que tenía inquietudes sobre las razones de su inclusión, su alcance, concepto.
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En las disposiciones reformatorias de la Ley de Solidaridad se dispone la reforma del artículo 228 para establecer parámetros para determinar la tenencia o posesión de sustancias sujetas a fiscalización, psicotrópicas o preparados que las contengan, destinadas a consumo personal, y se determinará y actualizará mediante una resolución del Ministerio de Salud, Fiscalía y Judicatura.
En ese sentido, expresó que se debería determinar un plazo a las entidades encargadas para establecer los parámetros, en este caso el Ministerio de Salud, Fiscalía y Judicatura.
“Que por cierto no sé qué tiene que ver ahí Fiscalía y Consejo de Judicatura, sí el ministerio, porque se trata de un tema de salud. Pero pongamos un plazo para que elaboren, los términos sobre los umbrales, porque usted en la administración pública puede pasar un año y si no se reúnen no elaboran”, dijo Serrano.
En noviembre de 2023, el presidente Noboa ordenó la derogatoria de la denominada tabla de consumo de drogas mediante la Resolución 001-CONSEP-CD-2013 y sus reformas. Esta tabla se estableció en el 2013 para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga, durante el gobierno de Rafael Correa.
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En su opinión, estos parámetros que se mencionan en la nueva ley se traducen, al parecer, en “volver” la tabla de umbrales que en un video el presidente Noboa anunció su derogatoria.
Él agregó que estos parámetros se adaptan al mandato de la Corte Constitucional de diciembre de 2023, ya que se incluye la necesidad de diferenciación de un consumidor en el artículo 5 de la disposición derogatoria 2, y en el 6 que crean comisión, pero sin plazos.
“Quería que se debata ese tema, pero lamentablemente no me dieron la palabra”, dijo y reconoció que aún se desconoce la diferenciación entre los parámetros y la tabla de umbrales.
Con base en lo dicho a la Corte Constitucional, él recordó que es necesaria una tabla referencial que debe ir de la mano con otras pruebas, como psicosomáticas y más tests, para determinar si una persona es consumidora o traficante de sustancias estupefacientes.
En la resolución de la Corte se establecen aspectos como prueba de identificación preliminar homologada o examen pericial de la sustancia encontrada, además de test pericial que establezca si la persona es consumidora y de ser el caso establecer el tratamiento que se recomienda a la misma.
En el cuerpo legal aprobado, dijo Serrano, se busca dar todas las herramientas para luchar contra problemas de seguridad, como endurecer penas y sanciones a personas que hacen daño al país. (I)
