Otro contrato para la adquisición de prótesis e insumos para el área de Traumatología del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS es cuestionado por la Fiscalía del Guayas. Esta vez el monto es de 2′075.000 dólares y fue firmado en 2019 con la empresa Cordovelsa, la que hace diez días fue cuestionada por otro contrato por más de un millón, también suscrito en 2019, en el que las autoridades aseguran hubo sobreprecio de al menos el 50 %.
Este viernes el fiscal César Suárez acudió al hospital para la fijación, rotulación y embalaje del contrato de dos millones, como parte de la investigación por presunto peculado en la compra de prótesis en el Hospital del Seguro Social.
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En la diligencia se dispuso la detención de Luis B. H., auxiliar de contabilidad y encargado del archivo de esta dependencia, por presunta alteración de evidencias y elementos de prueba.
Por el primer contrato con Cordovelsa, días atrás, seis personas fueron detenidas. Los procesados son exfuncionarios del mencionado hospital y proveedores.
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En la audiencia de formulación de cargos realizada a los seis primeros detenidos, el fiscal César Suárez presentó como elementos de convicción el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, un informe contable que determina un perjuicio económico de cerca de medio millón de dólares en un contrato de 1′082.807 dólares.
Además, las versiones de los auditores de la Contraloría, copias certificadas del contrato remitido por el IESS, así como la resolución de adjudicación para el proveedor, el acta de entrega-recepción de las prótesis, el comprobante único de pago de la casa asistencial a favor del proveedor, certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el cual indica que el proveedor y la compañía adjudicataria se dedicaban a la importación de otra clase de productos.
La Fiscalía informó que pese a que existe el acta de entrega-recepción de las prótesis del primer contrato, estas no aparecen en el hospital.
El juez Ubaldo Macías Quintón dictó prisión preventiva contra Julia M. P., Carlos V. F. y Christian L. K., mientras que a los procesados César V. B. y Angélica R. J. les dispuso la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía. Finalmente, a Susana E. D. le dictó arresto domiciliario.
La instrucción fiscal del primer caso concluirá en 80 días. (I)