A las tres de la tarde de este miércoles se conocerá la resolución judicial en el caso Goleada, por el cual la Fiscalía investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria en el que están procesadas once personas, entre ellas los hermanos Antonio, Xavier y Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.
La audiencia de formulación de cargos, de prisión preventiva para diez personas (los hermanos Alvarez y siete personas más) y prisión domiciliaria para un adulto mayor, se inició en la madrugada de este miércoles y terminó antes de las 11:00.
La Fiscalía presentó 20 elementos de convicción y pidió prisión preventiva, aduciendo que buscaba neutralizar riesgos procesales.
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En el caso que se investiga hay un entramado societario complejo en la comercialización de combustibles, según la Fiscalía.
El caso se habría iniciado por una denuncia anónima.
La argumentación de la Fiscalía terminó alrededor de las 06:30 y ahí empezaron las exposiciones de los abogados de los procesados y después la réplica de esa institución.
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La postura de la defensa
Al terminar la audiencia, en los exteriores del Complejo Judicial Norte, según Carlos Soria, abogado de Pablo Pita, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, se ha desvirtuado la existencia de algún tipo de delito, así como la necesidad de la prisión preventiva.
En el caso de su cliente, sostuvo, se lo ha involucrado por haber facturado, declarado y pagado impuestos por una asesoría comercial.
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Espera que el juez no conceda la prisión preventiva para nadie, porque nadie la merece, adujo.
Indicó que hubo una denuncia anónima y se hizo un peritaje, supuestamente a conversaciones de chats de un teléfono entregado por la persona que denunció. Se habrían entregado dos dispositivos electrónicos y una computadora; se hicieron esos peritajes que para él no prueban nada.
A criterio del jurista, no hay claridad sobre el motivo de la formulación de cargos que sería por una supuesta delincuencia organizada con base en un informe policial que, mencionó, no constituye evidencia ni elementos de convicción.
Agregó que -supuestamente- es una estructura criminal, pero no se indicó cuál era la participación de cada una de las personas en la comisión del delito de lavado de activos y también de comercialización irregular de hidrocarburos.
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“Nos quedamos muy sorprendidos de la deficiencia de la Fiscalía al tratar de instaurar un relato de un cometimiento de un delito sobre la base de negocios empresariales lícitos”, dijo Soria.
Añadió que si la Fiscalía quiere investigar, que lo haga, pero no con las once personas en prisión.
Guido Prado, otro de los abogados defensores, indicó que la denuncia provino de una persona que se encuentra procesada en el caso Triple A, en el que también está involucrado el alcalde Aquiles Alvarez.
En el caso Triple A, la Fiscalía analiza la existencia de una relación de personas y empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. (I)
