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Mujer, cabecilla de organización delictiva, escapó del arresto domiciliario que cumplía en Cuenca

Las cuatro agentes policiales que vigilaban a la detenida fueron detenidas para investigaciones, señaló la Policía.

Cuenca. Agentes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizan operativo de control en varios puntos de esta ciudad. Foto: API

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Katherine Maritza P. B., identificada por la Policía y Fiscalía como cabecilla de una organización delictiva, escapó de la vivienda donde permanecía con arresto domiciliario, en Cuenca.

La mujer había sido arrestada en octubre de 2022 junto con otros diez procesados, durante el operativo policial Libertad, realizado en Cuenca y Santa Rosa (El Oro).

Katherine Maritza fue procesada por el presunto delito de “delincuencia organizada para el tráfico de drogas en alta escala, en concurso de infracciones con trata de personas con fines de explotación”, según informó la Fiscalía el pasado 21 de octubre.

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En la audiencia de formulación de cargos, el juzgador le dictaminó arresto domiciliario por estar embarazada; dispuso, también, la retención de las cuentas bancarias a nombre de sus hijos menores de edad y vigilancia policial de 24 horas.

Pese a la presencia de agentes policiales, la mujer habría escapado de su casa, confirmó el departamento de comunicación de la Policía a este Diario.

Las cuatro agentes que la vigilaban fueron detenidas para las investigaciones, señaló la Policía, institución que a las 15:00 de este domingo, 18 de febrero, indicó que no pueden compartir más detalles de la fuga de la procesada por “la reserva que tiene la Fiscalía”.

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A los otros diez capturados —nueve adultos y un adolescente— en el operativo se les dictó prisión preventiva. Mientras que el menor de edad recibió internamiento preventivo. Además de ello, la Fiscalía afirmó en octubre pasado que se vincularía en este caso a otras cinco personas que están recluidas en la cárcel de Turi.

La detención de los once sospechosos se realizó tras una investigación policial que duró más de tres meses. La mujer fue identificada como la cabecilla de la agrupación, dedicada presuntamente al transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de droga en el mercado El Arenal (Cuenca) y en los alrededores de ese centro de abastos.

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Esta organización, según los resultados de la investigación publicada por la Fiscalía, captaba niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad para obligarlos a vender las sustancias ilícitas. ”Cuando se negaban o no cumplían con las actividades asignadas, eran agredidos físicamente y sus familias recibían amenazas”, señaló la Fiscalía.

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Los menores eran utilizados para camuflar las drogas en las zonas de expendio y para transportar las sustancias desde las caletas, para no portar altas cantidades en un mismo sitio y así evadir los controles policiales, según expuso la Fiscalía con base en los informes investigativos, videos, fotos, la interceptación de llamadas telefónicas, versiones y el informe de una víctima de esta organización que fue rescatada días antes del operativo.

Durante los allanamientos ejecutados en Cuenca (Azuay) y Santa Rosa (El Oro) se incautaron tres kilos de cocaína, más de $ 10.500, artículos utilizados en el pesaje y dosificación de la droga, 25 celulares, libretas de ahorros, documentación del registro y control de la venta de droga y las prendas de vestir de los procesados.

Katherine Maritza P. B. registra tres denuncias en su contra, dos por intimidación y una por delincuencia organizada, en 2022. Además, tiene varios procesos en su contra por narcotráfico.

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En noviembre de 2016 estuvo presa y recuperó su libertad al solicitar régimen semiabierto, en noviembre de 2017. No obstante, un mes después fue capturada nuevamente, tras la alerta ciudadana de la presencia de tres presuntos expendedores de droga.

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“La señorita Katherine Martiza P. B. se metió algunas fundas en su boca, le pedí que me las entregara y, de tanto que le indiqué, me entregó tres funditas (...). Cuando se le hizo la prueba dio como resultado cocaína, con peso bruto de 2,8 gramos y neto de 2,5 gramos”, señaló el agente policial en el proceso judicial. Pese a estas pruebas, el agente fiscal indicó que “no contaba con elementos suficientes para continuar con la investigación” y quedó libre.

En mayo de 2019 nuevamente fue detenida y sentenciada a 14 meses de prisión, en el área de mínima seguridad de la cárcel de Turi. Ahí estuvo recluida hasta junio de 2020, cuando recibió un beneficio penitenciario por cumplir casi el 80 % de la pena. (I)

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