Por segunda vez, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso el despliegue de la Comandancia General de Policía y Comando Conjunto de Fuerzas Armadas a una ciudad afectada por escenarios de violencia.
El 3 de junio de 2024, cuando asumió el poder luego de la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 290 para que las fuerzas del orden se desplegaran a Manta.
En esa época, esa localidad registraba actos delictivos en seguidilla.
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En el documento dispuso que el Ministerio de Defensa Nacional y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realicen las acciones necesarias para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y demás órganos que se consideren necesarios ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde la ciudad de Manta.
Asimismo se dispuso al Ministerio del Interior y comandante general de Policía realizar acciones necesarias para que la Comandancia General de la entidad y demás órganos ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde esa ciudad portuaria.
En ese entonces, la ministra del Interior, Mónica Palencia, y su similar de Defensa, Gian Carlo Loffredo, encabezaron acciones en territorio y se replicaron los operativos de control para golpear las operaciones de grupos armados.
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Con frecuencia, en los primeros meses ofrecieron balances de los operativos de manera frecuente, cada lunes. Se lo hizo por varios meses.
No obstante, este año, esa localidad, que se agrupa en el mismo distrito con Montecristi y Jaramijó, ha tenido una escalada de violencia.
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Hasta inicios de este mes, el distrito Manta sumaba 215 muertes violentas.
En el Decreto Ejecutivo 28, emitido este 13 de junio de 2025, se dispone la derogatoria del Decreto Ejecutivo 290 del 3 de junio de 2024, que implicaba la movilización de las fuerzas del orden a Manta.
En el Decreto 290, de junio de 2024, se recordó que en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en sus numerales 2, 4 y 14 del artículo 64, se dispone que el titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá como funciones planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de Policía, en concordancia con la planificación de seguridad interna, así como ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía; además de dirigir, coordinar, supervisar y controlar los órganos de la Policía.
Además se indica que es necesario que las Fuerzas Armadas, cuya máxima autoridad es el presidente, según la Ley de Defensa Nacional, ejerzan su planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones en territorio según las necesidades que el país lo amerite.
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De igual forma, que es necesario que la Policía ejerza sus funciones que le corresponden, que incluye el mando directivo operacional del personal policial, en territorio según las necesidades del país que lo amerite.
Para la aplicación del reciente decreto, se reiteran estas necesidades y atribuciones que tienen las fuerzas del orden.
Además se insiste en que el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Nacional de Planificación y Ministerio del Trabajo coordinarán acciones necesarias para el cumplimiento del documento.
Esta vez, en medio de escenarios de violencia y delitos que afectan a Guayaquil, la Policía y Fuerzas Armadas tendrán su centro de operaciones en Guayaquil, que cubre la Zona 8, también compuesta por Durán y Samborondón.
En Guayaquil y Durán se convive con continuos hechos delictivos, como extorsiones, secuestros y asesinatos. En cambio, en la Zona 8 sumaban 1.585 crímenes desde enero hasta el cierre de mayo anterior.
Uno de los hechos de mayor conmoción en este mes en curso fue el hallazgo sin vida de cuatro comerciantes en Nueva Prosperina. Ellos habían sido secuestrados de tiendas de distintos sectores de Guayaquil y además de Daule.
Además, en la Bahía, comerciantes han resultado afectados por continuos atentados con explosivos, que se atribuyen a pedidos extorsivos de altas sumas de dinero.
El decreto de movilizar el mando de las fuerzas del orden a Guayaquil entra en vigencia desde este 13 de junio, sin fecha de culminación. (I)
