Autoridades del Ministerio de Educación ofrecieron detalles sobre el procedimiento adoptado por la cartera de Estado en torno al caso de una joven estudiante de Quito que fue víctima de violación en un vehículo de transporte escolar de un colegio fiscal. El responsable sería el conductor del automotor.
Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación y el Buen Vivir, y Roberto Acosta, coordinador jurídico, informaron que el hecho ocurrió el 21 de abril y que hasta el momento no se tiene conocimiento de la ubicación del presunto agresor.
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Castellanos describió que aquel día un grupo de estudiantes acompañaron a la alumna violentada al Departamento de Consejería Estudiantil. La encargada recogió los testimonios de los jóvenes y luego les pidió que salieran para poder escuchar a la víctima en privado. Tras la conversación, la funcionaria llamó al Servicio Integrado de Seguridad ECU911; además se tomó contacto con la madre de la menor de edad, afirmó Castellanos.
Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) acudieron al establecimiento. La subsecretaria explicó que los uniformados tomaron contacto con la víctima y sus representantes y con ellos se trasladaron a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, para poner la respectiva denuncia ese mismo día.
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Mientras tanto, indicó Castellanos, en la institución educativa se levantó un informe del hecho de violencia, según lo establecen los protocolos. Con este informe, el 22 de abril la autoridad del centro educativo, en representación del Ministerio de Educación, interpuso una denuncia adicional, precisó la subsecretaria.
“Nuestro mayor interés es el respaldar a la víctima y su familiar, y considerando que nosotros creemos fielmente siempre cualquier comentario o reporte de violencia, y violencia sexual, que nos remiten niñas, niños y adolescentes”, dijo Castellanos, condenando el abuso que sufrió la joven. Enfatizó que se ha dado acompañamiento a la víctima, a su familia, y a los compañeros que la asistieron hasta el Departamento de Consejería Estudiantil.
El coordinador jurídico del Ministerio de Educación aclaró que el presunto agresor no tiene vinculación con la cartera de Estado, ya que prestaba el servicio de transporte de manera externa, a través de una compañía privada contratada directamente por los padres de familia de los estudiantes.
El funcionario explicó que debido a esto, la entidad no puede proceder con sanciones administrativas; no obstante, se recaba información pertinente, con el fin de aportar a la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Acosta indicó que se han realizado varias reuniones para determinar gestiones y diligencias para exigir a la Fiscalía celeridad en el caso, así como identificar el paradero del presunto violador.
Por respeto a la alumna vulnerada, y para evitar su revictimización, las autoridades evitaron revelar información sobre su identidad, así como del plantel educativo al que pertenece.
Ante lo sucedido, Castellanos anunció que el martes 26 de abril se convocará a los familiares y representantes de todos los estudiantes del establecimiento para que acudan al centro académico, a fin de explicar cuáles son los protocolos que se aplican en casos de violencia en el sistema educativo.
El caso ha generado indignación por parte de la ciudadanía en redes sociales, ya que los familiares de la joven aseguraron en una entrevista en el canal RTU que las autoridades de la unidad educativa no proporcionaron ayuda oportuna ni adecuada. (I)