Medidas drásticas, reformas legales, nuevas estrategias y respaldo policial se necesitan de inmediato para controlar la ola delictiva en Guayaquil, aseguran expertos

Una ola de violencia criminal golpea a Guayaquil y mantiene en zozobra a su gente. En todo lugar, en un bar, un restaurante, una cancha deportiva y hasta en el portal de su casa, guayaquileños y turistas han sido víctimas o testigos de un asesinato.Guayaquil ya no puede esperar más. Se necesitan medidas más drásticas, estrategias efectivas y cambios en leyes para frenar los actos criminales, afirman expertos consultados por EL UNIVERSO.En los últimos días, en el sector turístico del cerro Santa Anta, en uno de sus bares, un holandés fue asesinado cuando fue asaltado ; tres hombres fueron baleados en el portal de su casa, en el Guasmo sur; cinco personas recibieron una ráfaga de balas en una cancha del sector de la Playita del Guasmo ; y un hombre fue acribillado en un restaurante del norte de la ciudad.Estos asesinatos son parte de las 74 muertes violentas que se han registrado en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y Samborondón, los primeros 22 días de este mes de enero. Superando así, en 270 %, a los 20 homicidios reportados en el mismo periodo del año pasado. Nelson Yépez, analista en seguridad con tres décadas de experiencia, cree que si las unidades de inteligencia de la Policía y Fuerzas Armadas se activan y coordinan podrían “identificar las cabezas de las bandas criminales, el origen de donde está saliendo tanta criminalidad”. Así también, estima que se deben bloquear las órdenes que salen de la cárcel para ejecutarse en las calles, incomunicándolos.Además, el experto considera que se debe incluir a las compañías de seguridad, que tienen entre 80.000 y 90.000 agentes, en el plan de acción: “Si hay comunicación de los guardias con los policías se puede trabajar en conjunto”.Yépez recomienda que se deben reformar leyes para imponer sanciones más fuertes a los asesinos y violadores, como la cadena perpetua. “Hay que crear leyes drásticas, comenzar a hablar de cadena perpetua y, en casos extremos, hablar de pena de muerte, como en cosas abominables que se han presentado en el país”, dice.Agrega que con la normativa legal actual los violadores tienen ‘ventajas’. “Con base en una violación puede nacer un niño y se prefiere elegir en favor de matar a esa criatura y no en condenar drásticamente al delincuente que produjo la violación”, critica.El experto cuestiona la flexibilidad para sancionar a los menores, quienes también deberían tener sanciones más fuertes por sus infracciones, porque las bandas delictivas usan a menores para cometer, por ejemplo, actos de sicariato. “Ese niño mata a uno, dos, tres, cuatro, cinco (personas) y puede ser que en cinco o siete años esté nuevamente en la calle, o tal vez en menos tiempo”, refiere.Con la Constitución del 2008 se creo “un estado de derechos en lugar de un estado de derecho”, dando ‘demasiados poderes’ a la función judicial, que según el exministro de Gobierno Mauricio Gándara, está corrompida con jueces que -a su criterio- “protegen a los delincuentes y condenan a los policías que nos defienden”.Se refiere al caso del policía Santiago Olmedo , condenado a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de ‘extralimitación en la ejecución’ al abatir a dos delincuentes que intentaron asaltar a un menor de edad el 11 de junio de 2021, en la ciudad de Riobamba.Asegura que la ‘blandura’ del sistema judicial está desanimando a las fuerzas del orden para intervenir en la defensa de la sociedad, por lo que sugiere que se derogue la Constitución a través de un plebiscito para que regrese la anterior normativa que, según afirma, le daba menos facultades al Consejo de la Judicatura.Este jurista cree que se debe aprobar el porte de armas a la gente que está preparada para su uso y, hasta que se cambien las leyes, el presidente debe indultar a los policías que sean condenados para que puedan trabajar sin el temor de ser apresados. “La fuerza, la decisión, la instrucción (a los policías), dando la garantía de que los van a indultar, eso es un gran remedio para la actuación inmediata”, asegura.Gándara opina también que no observa una reacción del poder público ante la ola delictiva que se ha incrementado en la ciudad por el aumento de la producción de droga en el vecino país de Colombia; y, por tanto, el volumen de droga que se trafica en el país también es mayor en su paso hacia países del norte.Daniel Pontón, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), cree que se debe implementar un proceso de pacificación para controlar la violencia criminal con “una serie de políticas públicas que empiecen con un control estricto de la capacidad del Estado para resolver esos crímenes, por sancionarlos y juzgarlos”.Para ello, explica, se debe hacer un seguimiento, una especie de auditoría, al trabajo de la Policía, Fiscalía y Justicia, para generar la información completa que permita tomar decisiones oportunas en función de los lugares donde se están cometiendo los delitos y en función de factores que propician esta violencia.Se refiere al acceso de armas de fuego. “El Estado nos queda debiendo, las entidades que tienen la responsabilidad sobre eso, la cantidad de armas que están ingresando al país y que nadie sabe de dónde vienen”, asegura el especialista, y afirma que “el crimen organizado es el que da la cara, pero el crimen opera con corrupción, por ejemplo, en el tema del acceso a las armas”.Pontón afirma que hay medidas claves en políticas contra el homicidio y asesinato, como el control de impunidad, apresando y sentenciando a los asesinos; control de armas, para desarmarlos; y de inteligencia, para saber quiénes están dando las órdenes.Como otros expertos, este académico también cree que se deben cortar las comunicaciones dentro del sistema penitenciario, que es para él el epicentro de la criminalidad: “¿por qué sale esa información de ahí?, ¿con qué mecanismo?, nadie hace nada para controlar y nadie saca información de ahí. Si permito que ellos se comuniquen, puedo tomar esa información para tomar decisiones, pero al parecer el Estado está de espaldas frente a ese mundo”.A corto plazo, el especialista dice que se debe continuar con los operativos, militarización en las calles, trabajo coordinado entre las instituciones de control, mayor celeridad en la toma de decisiones y manejo de recursos. Además, sugiere que se debe pensar en declarar el estado de excepción en la ciudad para “parar la violencia de alguna forma”.Pontón analiza a la violencia criminal como un proceso que engloba tres aristas: es regulatorio, si alguien incumple acuerdos, traiciona o ‘sapea’ a las bandas, es eliminado para poner orden; estratégico, con el control de territorio basado en enfrentamientos entre bandas y filtrando información a la Policía de las bandas rivales; y comunicacional, que a través de asesinatos busca generar zozobra y temor a la población.Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, califica como gravísima la inseguridad que se vive en la ciudad: “Sin seguridad, no hay turismo, ningún turista puede ir a una ciudad donde tiene la percepción de que lo pueden matar, asaltar”.La funcionaria lamenta también que esta situación pueda destruir la recuperación parcial que ha tenido este sector, tras la pandemia. El país recibió a 590.000 turistas el año pasado, un 26 % más que en 2020. Las ventas del sector aumentaron también un 40 %, en relación con el 2020, pero aún está por debajo del 30 % con relación al 2019, según cifras del Ministerio de Turismo.Gallardo destaca que el cabildo ha apoyado la labor policial con unidades y un plan de seguridad, que incluye patrullajes con militares, policías y agentes metropolitanos, pero la competencia -insiste- es del Gobierno nacional, que debe actuar con estrategias.También sugiere que se permita a los guardias de seguridad privados el uso de la fuerza progresiva para enfrentar a los delincuentes. Además, que este personal privado tenga un mayor ‘campo de acción’ con el uso de sus armas, opina Lissette Vélez, presidenta de una convención turística, quien asegura que actualmente la ciudad es vista por los extranjeros como ‘altamente peligrosa’.Vélez propone llamar a una consulta popular para que la Policía y las Fuerzas Armadas actúen de manera ‘contundente’ al enfrentarse a los hechos delictivos, y que se identifiquen las zonas peligrosas de la ciudad para empezar en esos sitios.“La inseguridad es un problema de todos, porque está afectando la vida a cada uno de nosotros, está afectando a la productividad, a la economía, a la generación de empleo, al turismo...”, refiere Gallardo.Los anuncios de las autoridades no deben conllevar condiciones de mano dura, porque eso exacerba el ambiente de violencia, sostiene Billy Navarrete, activista y defensor de los Derechos Humanos.También cree que los uniformados de la Policía deben bajarse de las motos y de los patrulleros y deben conversen con las comunidades, especialmente con las organizaciones que pueden servir de convocantes para obtener respuesta en cada territorio.Además, indica, debe hacerse una depuración rigurosa y profunda de la Policía en relación a nexos con mafias y organizaciones en las que han estado y están involucrados varios uniformados.Navarrete recomienda también abrir el tema de la seguridad y debatirlo con otros actores que no han sido convocados por el Gobierno nacional y por las autoridades territoriales.El profesional del derecho considera que de nada sirve que se decreten nuevos estados de excepción si no se establecen políticas para prevenir la criminalidad, de tal manera que en la práctica se conformen grupos especializados de la Policía, como Inteligencia, para que estén insertos en los lugares donde se reportan altas cifras de muertes violentas.Siguencia comenta que pasaron 60 días con estado de excepción (el año pasado) y el nivel de criminalidad que bajó fue casi nada. Considera que los operativos ocasionales no van a dar resultados, que las fuerzas del orden se deben instalar en punto peligrosos como el Guasmo o la Trinitaria. Que sea una intervención de agentes especializados que recuperen esos sectores y que se queden permanentemente ahí, indica este abogado.El experto Jhon Garaicoa considera que a las Fuerzas Armadas se les debe permitir el ingreso a los centros de rehabilitación, de forma sorpresiva, para que hagan un ‘barrido completo’, varios pabellones al mismo tiempo, para que puedan decomisar todo el armamento y equipos de comunicación.Y no solo en las cárceles, recomienda que se deben realizar allanamientos y operativos en diferentes sectores, especialmente los más peligrosos, para desarmar a los delincuentes, como lo hizo Brasil en las favelas. “Un grupo de militares hizo operativo casa por casa, decomisaron todo lo que encontraron. Eso se debe hacer aquí”, opina.También, Garaicoa sugiere que los controles policiales que actualmente se realizan en las calles no estén mucho tiempo en un mismo lugar, porque la información se filtra, los delincuentes se comunican que hay operativos en tal sector y evitan pasar. “Máximo 30 minutos y de ahí movilizarse a otro lugar”, refiere.(I)

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