En horas recientes, las dos personas detenidas por el crimen del jugador Mario Pineida y una mujer extranjera debieron comparecer ante una jueza en la respectiva audiencia de flagrancia y formulación de cargos.

La madrugada de este viernes, 19 de diciembre, una jueza instaló la diligencia en la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes, en el Cuartel Modelo.

En la cita, el agente de Fiscalía sostuvo tener elementos suficientes de convicción para deducir una imputación penal contra los implicados y resolvió el inicio de una etapa de instrucción fiscal.

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Esta medida se dispuso contra Cristian David P. G. y Jimnery Mariander P. B. como autores del delito de asesinato, tipificado en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En la audiencia, según datos judiciales a los que este Diario tuvo acceso, la Fiscalía narró los hechos que llevaron a la detención de los sospechosos.

Además, el agente fiscal expuso los elementos de convicción, como el parte de la aprehensión, dos actas de levantamiento de cadáveres, comprobantes de ingreso de evidencia, comprobantes de depósitos realizados, informe de cámaras de Segura EP, además de pericia de explotación de audios y video, comprobante de depósito por $ 1.500, versión libre y voluntaria de los agentes aprehensores. Una vez escuchadas las partes procesales, la jueza dispuso la prisión preventiva.

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Una abogada de la mujer detalló que la aprehendida “no ha sabido de todo esto que ha pasado” y solo colaboró con la Policía para dar con el otro detenido.

Esta mujer, según la defensa, tiene un hijo de 6 años que está operado, vive sola en el país y es la única responsable del menor. Con ese contexto, la defensa pidió que no se dicte prisión preventiva, pero no fue acogida la solicitud.

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Con el fin de garantizar la comparecencia de los procesados, el agente fiscal pidió que se dicte prisión preventiva. Esta solicitud fue acogida por la jueza por considerarlos sospechosos del delito investigado.

En su dictamen, la autoridad judicial expuso que hay elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción.

La magistrada dispuso que los implicados sean llevados a la Penitenciaría del Litoral y a la cárcel de mujeres, respectivamente. (I)