Nota del Editor: Estimado lector esta información es parte de nuestro contenido premium preparado al finalizar el 2023. En su contenido encontrará uno de los hechos destacados de este año y por ello el acceso lo hemos dejado abierto.
Técnicos de una empresa de telecomunicaciones se acercaron a la Sergio Toral 2 para realizar unos trabajos. Debido a la situación de seguridad que atraviesa la ciudad recibieron la custodia de servidores de una empresa de seguridad.
A unos 30 minutos de llevar adelante sus labores se acercaron unos sujetos a preguntarles las razones de su estadía en el sitio y les indicaron que si no entregaban dinero debían retirarse caso contrario llegarían motorizados a atacarlos.
Ante ello, ese personal se retiró del sitio y dejó sin realizar el trabajo, pese a la seguridad privada. “Pagas o no puedes estar trabajando en la zona”, les dijeron.
Esa clase de amedrentamiento a trabajadores, envío de mensajes amenazantes por medio de redes sociales, la colocación de explosivos, disparos a los locales, y hasta el secuestro de alguno de los dueños de negocios son parte de las prácticas extorsivas que han tenido un repunte en este año en Guayaquil por parte de grupos delictivos.
En el Puerto Principal este delito ha alcanzado zonas amplias sobre todo de sectores populares de Guayaquil y ha creado un temor generalizado entre la ciudadanía por ser presa de estos antisociales. Las extorsiones estrangulan la economía de los negocios de Guayaquil.
Incluso en empresas grandes han llegado los pedidos, mientras otras mantienen a sus ejecutivos con resguardo, con horarios rotativos e incluso fuera del país.
Dentro de esto, la Policía ha realizado detenciones en Nueva Prosperina, Pascuales y otros distritos conflictivos, pero la operatividad de las redes delictivas ha continuado.
Además, entre el 1 de enero hasta la última semana de diciembre, según datos policiales, los delitos extorsivos ascendieron en el 285 % en comparación con el 2022. Solo en 2023 se dieron 5.786 novedades, mientras que el año 2022 hubo 1.503.
En el 2023, entre el 1 de enero al 15 de diciembre, hubo reporte de 1.443 de alertas de extorsiones receptadas en el ECU911, aunque en esta cifra podría ser mayor ya que hay muchos que prefieren guardar silencio por temor a represalias. En promedio fueron cuatro denuncias por día, de acuerdo con datos de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura-Ep)
Según el gerente de Segura-Ep, Andrés Sandoval, la actividad de extorsionadores creció en un 390 % al comparar la anterior cifra con los 293 alertas de ‘vacunas’ obtenidas en el 2022.
Debido a esta problemática de seguridad, algunos locales reducen sus horarios de atención en calles tradicionales, como la Ayacucho, que ahora siendo las 18:00 ya va desocupándose de comerciantes y con las puertas enrollables. En esta vía se dieron varios secuestros de comerciantes durante inicios de 2022.
En el Distrito Nueva Prosperina, que comprende Monte Sinaí y otros barrios del noroeste, también se dieron múltiples escenarios de atentados en contra de negocios como medida extorsiva para pedir sumas de dinero.
En septiembre anterior, un local de una cadena de supermercado fue objeto de un quinto atentado. En esa ocasión, un guardia fue asesinado y otro quedó herido. Un servidor policial sostuvo que el caso estaría relacionado con el cobro de vacunas.
Ese mes, madres hicieron denuncias en exteriores del colegio réplica 28 de Mayo donde se retornó a la presencialidad por escenarios de altos índices. Algunas padres de familias han denunciado que hasta el cobro de vacuna, robo y amenazas han alcanzado el interior de planteles.
El jefe del distrito Nueva Prosperina, Roberto Santamaría, sostuvo que hay estudiantes que pertenecerían a organizaciones delictivas y que por eso se presentaron programas para refuerzo de prevención de incidentes dentro y fuera de centros educativos.
Solo en Nueva Prosperina, hasta octubre anterior, se contabilizaban 294 denuncias por extorsión frente a las 143 del mismo periodo del 2022.
Según Santamaría, estas extorsiones se dan en fases, desde la llegada del panfleto, y también quienes realizan amenazas escritas con números telefónicos extranjeros. Luego siguen a otra fase con artefactos explosivos, ataques a bala e incluso secuestros de dueños.
En la última parte se concreta el pago. En el caso de la Prosperina se ha conocido la operación de grupos como Los Tiguerones, Los Águilas, Los Fatales y Los Choneros.
En el suroeste también han existido reportes de pedidos de dinero a carros repartidores de mercancías.
Moradores han denunciado que las ‘vacunas’ alcanzan a dueños de tiendas y también a proveedores. Incluso, empresas grandes han establecido cierto monto para esta problemático, bajo una denominación de gastos logísticos. Esos pedidos de dinero a carros repartidores e incluso a taxistas que ingresan también ha motivado que algunos desistan de moverse en carreras hacia esas zonas.
“Allá te tiran una caña y te piden dinero o te bajan para ver si eres de una banda”, dice un conductor que antes solía moverse a cooperativas de Sinaí.
En Pascuales, locales y hasta conductores de tricimotos han sido amedrentados. Entre los conductores de tricimotos de Pascuales también hay un miedo colectivo y varios de ellos pagan un monto semanal para continuar sus labores. Varios grupos se han acercado a la zona a solicitar cantidades de $ 5 por semana y colocan sellos en las tricimotos para identificar que ya está pagando la cantidad solicitada.
“Toca pagar, sino no se puede andar tranquilo y te amenazan con quemarte la tricimoto”, comentó un dueño de este transporte.
Víctor Molina, jefe del distrito de Pascuales, indicó que hasta mediados de noviembre anterior se habían dado 27 eventos con artefactos explosivos relacionados con ‘vacunas’ mientras en comparación con el año 2022 hubo un incremento de casi el 100 %.
Él expuso que dentro de esta jurisdicción hay grupos delictivos que se han asentado y tratan de intimidar al sector para obtener réditos. Inicialmente se daban de llamadas o emitir un panfleto, sin embargo, apuntó que eso ha pasado a explosivos.
“Es uno de los problemas principales que aqueja a Pascuales y sin temor a equivocarme a gran parte de la población”, dijo.
La Cámara de Comercio no cuenta con detalles del porcentaje que estarían destinando los negocios y empresas a pagar esta clase de rubros, ni el dinero que se estaría destinándose hacia estas bandas.
“La falta de información estadística sobre el impacto de las extorsiones a negocios se debe a que los propios dueños de estos establecimientos prefieren evitar comentar y atraer la atención, por tratarse de un tema sensible”, se indicó.
En algunos casos, estos negocios solo comparten esta información con las unidades policiales especializadas en esos delitos, específicamente con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Sin embargo, es innegable que esta práctica está teniendo un impacto negativo en la dinámica comercial, sostuvo la Cámara.
John Garaycoa, especialista en seguridad, expuso que el problema ha tenido un repunte significativo al alcanzar a diversos niveles de negocios. Para él, si no hay una decisión y compromiso de los tres grandes poderes del país (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) para dar frente a esta situación no habrá avances.
Él apuntó que se debe analizar cambios en regulaciones o leyes para cambiar el escenario actual y apuntó que en medio del escenario de corrupción es propicio avanzar en exámenes de confianza, que incluyen herramientas tecnológicas con uso de polígrafo, también con los jueces.
“Hemos visto grandes casos a personas que han estado involucrados (en delitos) y salen por cualquier situación, incluida la amenaza o soborno...”, dijo.
Además, precisó qué se debe definir responsabilidad de las Fuerzas Armadas sobre todo en el control de armas, municiones y explosivos, y que el trabajo de los uniformados debería intensificarse con ‘barridos’ en zonas conflictivas y, en cooperación con la Policía, en controles en puntos fijos, como los peajes de los ejes viales.
También, entre otras sugerencias, indció que el Ejecutivo podría disponer reducción del impuesto al valor agregado (IVA) a 0 a todos los elementos, equipos y servicios de seguridad, y que los policías y militares porten su arma de dotación durante las 24 horas y que se agiliten los procesos de autorización de tenencia de armas.
“Como el Estado no nos puede garantizar la seguridad al momento, en el 2024 pongo IVA cero a lo que el ciudadano necesita, desde chalecos, alarmas, cámaras , controles de acceso, servicios de vigilancia, blindaje, motivando la industria y motivando la compra, igual hay que trabajar en prevención”, explicó.
Para el ciudadano común, Garaycoa señaló que “poco o nada puede hacer” ante los pedidos extorsivos. Actualmente muchos están accediendo a estos pagos por mantener la tranquilidad y vida de los suyos, agrega. De manera preventiva, indicó que se debe seguir confiando a la policía, reportando a la entidad, además de ponerse a buen recaudo. (I)