Las denuncias, arma para combatir las extorsiones en el país, se duplicaron este 2022

La tarde del feriado del lunes 23 de mayo, mientras miraba televisión, Rocío Ramos recibió la llamada de Whatsapp de un hombre que detrás de su teléfono le habló sin rodeos:

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- Rocío, yo soy de la banda de los Chone Killer, le llamo para informarle que su cabeza tiene un precio. La persona que le ha puesto precio a su cabeza le tiene mucha envidia en su trabajo. Ya hemos averiguado, sabemos que usted es una persona honesta y no sabemos el motivo por el que su cabeza tiene un precio en la otra banda que es enemiga nuestra, Los Tiguerones.

Rocío, una guayaquileña viuda, de 52 años y madre de dos hijas, solo escuchaba.

- Ahora, en este preciso momento, nosotros ya le hemos puesto seguridad. Usted tiene seguridad afuera de su casa, 24/7, pero usted comprenderá que esa seguridad cuesta.

- Yaaa.

- Dígame, ¿en cuánto estima usted su vida?, porque nosotros ahorita la estamos protegiendo, pero no lo podemos hacer siempre, y usted entenderá que entre nosotros hay rivalidad y nosotros necesitamos con qué defendernos.

- ¿Y qué es lo que usted pretende?

- Primero, dígame, ¿en cuánto estima usted su vida?

- Mire, si usted, como dice, ya investigó mi vida y sabe que soy comerciante, entonces usted sabrá que yo trabajo al diario, porque el día que no trabajo no como, entonces sabe que yo no tengo dinero.

- Pero, dígame, ¿usted cuánto puede pagarnos para que la sigamos protegiendo?

- Yo no tengo dinero.

- Necesitamos que usted nos deposite algo.

- ¿Y cómo cuánto sería?

- Necesitamos comprar balas.

- ¿Cómo cuánto sería eso?

- 1.500 dólares.

- Yo no tengo esa cantidad de dinero, soy una simple comerciante.

- Entonces, ¿cuánto usted estaría dispuesta a pagar?, para apoyarla, porque si no, no nos hacemos responsables.

- Yo no tengo ese dinero, yo no voy a pagar. Si ustedes quieren tomar mi vida, tómenla, finalmente, mi vida está en manos de Dios.

Dueña de un bazar que inauguró este año en el suburbio de Guayaquil, Rocío cerró la llamada mientras su corazón latía acelerado y su mente temía la muerte.

Presa de los nervios, volteando la mirada hacia atrás a cada paso, restringiendo las salidas y con la oración en los labios, Rocío ha pasado más de dos meses tratando de cuidar su propia vida, sin la guía de ninguna institución de seguridad.

Nunca presentó una denuncia. “Yo consulté con un hermano que tiene un amigo policía y él le dijo que la denuncia simplemente era para incrementar las estadísticas, que no tenga temor, que eran extorsionadores. No me han vuelto a molestar”, contó hace unos días, más calmada.

En los registros de la Fiscalía tampoco consta una denuncia por las extorsiones que, según contaron vecinos de su asadero de pollos en Pascuales, enfrentaba desde hace un mes César Cutuán Muñoz, de 34 años. El sábado de la semana pasada, César, quien sobrevivió a un atentado con explosivos que delincuentes colocaron en la puerta de su negocio, recibió un disparo de arma de fuego en un aparente asalto.

“El señor ya había sido extorsionado. Estamos verificando si esto tendría vinculación con su muerte”, dijo Henry Herrera, jefe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

Aunque no todas las denuncias se logran investigar, expertos en conducta criminal coinciden en que reportar una llamada extorsiva es ‘vital’, porque permite dimensionar no solo en cifras ese delito en el país, sino, también, ubicar las zonas más afectadas, determinar el ‘modus operandi’ e identificar a los delincuentes o bandas organizadas, que han hecho que en los últimos años se disparen las cifras de extorsiones en el país.

Mientras no haya información de la gente que palpa la realidad en una zona, nunca nos vamos a enterar, por eso se piden denuncias, eso nos puede ayudar a generar mapas delincuenciales de delitos, pero si la gente cree que no se va a hacer nada, eso nos perjudica en nuestro trabajo, porque pensamos que esa zona no tiene problemas cuando no es así.

Marco Custode, director encargado de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase).

La ciudadanía, explicó Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), duda en presentar denuncias ante la desconfianza del rol que cumplen la Policía y la Función Judicial en el combate al crimen organizado. “Las comunidades nos cuentan de la desconfianza hacia la Policía, debido a la vinculación que esta tiene con organizaciones criminales”, resume el activista, cuyo equipo evalúa desde junio la situación delincuencial en las comunidades.

La desconfianza y el temor que infunden los delincuentes, sin embargo, no detiene el valor para reportar una extorsión. Así lo reflejan las cifras de denuncias que a diario recibe la Unase y que revelan, por ejemplo, que desde el 2017 hasta el 2021 los casos han aumentado en el 86 %, pues en ese periodo pasaron de 1.504 a 2.796, según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado. Ahí constan las extorsiones tentativas y las consumadas. Estas últimas representan la mayoría (más del 80 %).

Este año las denuncias siguen en ascenso. Se duplican. De enero a julio del 2022 se han presentado 3.376, más del doble de lo registrado en ese mismo periodo en el 2021. La mayoría (73 %) corresponde a extorsiones virtuales, como el caso que vivió Rocío y que a diario enfrentan cientos de pequeños y medianos comerciantes a nivel nacional, especialmente en Pichincha y Guayas.

“Se trata de grupos delictivos que buscan lucrar mediante la fuerza y el acoso, las llamadas telefónicas en realidad son estafas, se toman nombres de grupos armados”, explicó Danilo Ruiz, perito en perfilación criminal acreditado por el Consejo de la Judicatura.

Las extorsiones virtuales, en su mayoría hechas por WhatsApp y de números extranjeros, provienen de centros penitenciarios de Colombia, Venezuela y Ecuador, comentó Ruiz. En las prisiones, la extorsión ha sido una práctica cotidiana que ha aumentado en la última década en el país, amparada en la tecnología, que permite a las organizaciones criminales exigir pagos mediante llamadas y mensajes telefónicos, pagos que se concretan en depósitos bancarios o en visitas domiciliarias.

Desde cárceles, ellos indagan sus redes sociales y acceden a información personal. Por ejemplo, ¿qué sucede con las aplicaciones del teléfono?, que se sincronizan las llamadas con el Facebook o Instagram, incluso para códigos de desbloqueo usamos el número de teléfono, entonces todo eso se va sincronizando; muchas veces cuando agregamos a personas que no conocemos y que ofrecen servicios, ahí se dan estos hechos.

Danilo Ruiz, perito en perfilación criminal acreditado por el Consejo de la Judicatura.

En los casos de extorsiones a través de dispositivos tecnológicos, cuyo uso se volvió masivo por el confinamiento de las familias tras la pandemia de COVID-19, los expertos recomiendan “mantener la calma y no contestar números que no correspondan a su agenda telefónica”.

El jefe de la Unase precisa que la extorsión virtual se ha incrementado, porque la gente se deja intimidar y paga. “Ha crecido muchísimo y es imparable, pero es entre comillas inofensiva, tratan de obtener réditos a través de la intimidación, pero no van a cometer ningún daño”.

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La extorsión más peligrosa, destaca, es la común, que representa el 27 % de los casos y en la que incluye la llamada ‘vacuna’, tipo de extorsión originaria de Colombia. “Lo que hacen es contactar, en persona o por teléfono, le dice que es de una banda, que necesita que colabore para que pueda trabajar o vivir tranquilo”, explica Custode, y agrega que en la extorsión común “el extorsionador ya está cerca de usted, de su núcleo familiar, ya le manda una fotografía, tiene información de primera mano y puede hacer daño”.

En las ‘vacunas’, analiza Pedro Moreira, perito en perfilación criminal, “el extorsionador sabe que tienes un negocio próspero y exige una recompensa a cambio de darte protección respecto a una delincuencia común. Cynthia Viteri (alcaldesa de Guayaquil) denunció que a los contratistas también los extorsionan para hacer la obra, a cambio de vacunas”.

Viteri reveló en mayo pasado que hay compañías que pagan hasta $ 10.000 mensuales a los extorsionadores. “Nuestros contratistas, en su mayoría, pagan ‘vacuna’ (dinero) ahora, entre $ 5.000 y $ 10.000 mensuales, para que los dejen trabajar en la obra municipal. Y cuando primero le pagan a uno, sale la otra banda y dice: ‘Nosotros también’.

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Dirigentes comunitarios del noroeste de Guayaquil creen que el crecimiento de las extorsiones coincidió con la salida de las cárceles de presos a quienes les faltaba poco tiempo para cumplir su pena. “Como allá adentro pertenecen a Los Lagartos o Los Choneros, vienen a extorsionar los negocios. Salen agrandados porque vienen de una banda. Por ejemplo, en el sector de Pascuales hay una parte de negocios donde entra la línea 2, que conecta al salir a La Aurora, los negocios son constantemente amenazados por estas bandas, que cobran la cuota por darles seguridad entre comillas, que no es otra cosa que ‘no te robo, te cuido’”.

A un funcionario del Municipio de Esmeraldas le intentaron extorsionar en marzo pasado. No aceptó. En represalia, los delincuentes intentaron robar en un negocio de su familia y, en medio del asalto, llegó la Policía y se dio un cruce de balas que dejó varios detenidos. “La Policía me dijo que ponga la denuncia para que eso no se quede así. Siguen presos. La audiencia de juzgamiento será en septiembre”. (I)

El 33 % de las denuncias por extorsión se archiva; Unase afirma que con ellas se ‘arman las estructuras de ese delito’

“La gente se arrepiente cuando tiene que rendir versión ante el juez”. Esta es la explicación que dos jueces dan para comprender por qué muchas denuncias presentadas por el delito de extorsión se llenan de polvo en los departamentos de archivo de las cortes de justicia del país.

De las 12.903 denuncias presentadas entre el 2017 y julio de este año, 4.246 han sido archivadas, es decir el 33%, según datos de la Fiscalía del Estado, que incluyen 196 sentencias condenatorias y 24 llamamientos a juicio a los responsables.

“Lo que yo digo es por qué el fiscal no toma un testimonio anticipado delante del juez, eso se convierte en prueba directa para que la Fiscalía proponga la acusación ante el juez”, explica un magistrado de Guayas.

El testimonio anticipado -remarca- es responsabilidad de la Fiscalía. “Si no lo hace es por desconocimiento, porque delega su trabajo o porque lo hace a propósito, y si es así sería grave, porque la Fiscalía representa a la víctima. La Fiscalía toma la versión, pero, reitero, mejor tomarle el testimonio anticipado”.

El problema es ‘integral’, cree Pedro Moreira, perito en perfilación criminal, quien detalla entre esas dificultades la falta de denuncias y la protección a la víctima. “Puede dar su testimonio anticipado, pero qué le garantiza a la víctima que no va a ser amenazada o lastimada por los delincuentes”.

Moreira agrega que “es una espiral, una cosa lleva a la otra”. “No denuncian porque no confían en la Justicia, ¿por qué no confían? Porque no hay un sistema de protección de víctimas y testigos”, indica este abogado que el 20 de abril, cuando ejercía como juez de garantías penitenciarias, concedió un habeas corpus que permitía el traslado de Junior Roldán Paredes, cabecilla de una facción de la organización criminal Los Choneros, desde la cárcel a un hospital del Ministerio de Salud.

Él asegura que el habeas corpus no debía resolver si la pena que cumplía alias ‘Junior’ era correcta o no, sino que se limitaba a definir si el Estado atendía adecuadamente la salud del reo. No obstante, ‘la liberación de delincuentes’ constituye para algunos ciudadanos una razón para desconfiar de la Justicia.

“Hay la sensación de que poco o nada se realiza en materia de investigación y judicialización, de llevar al tribunal a los responsables, a estas bandas. La sensación es que hay una suerte de tolerancia abierta y complicidad”, analiza Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

De las 12.903 denuncias recibidas por extorsiones en el periodo 2017-julio del 2022, la mayoría (7.888) están en fase de investigación previa, el 61 %, según los registros de la Fiscalía.

En esta etapa, explica el experto en conducta criminal Danilo Ruiz, la Policía busca identificar al presunto responsable del delito. “Lo recomendable es llamar al 911 para hacer una trazabilidad de los números que se utilizan para este tipo de hechos, y si se logra conectar con otras llamadas de víctimas, se pueden hacer operativos de impacto o allanamiento para desarticular bandas”, indica Ruiz, perito en perfilación criminal.

El director (e) de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), Marco Custode, expone el proceso tras la denuncia. “La persona llama al 911 y tomamos contacto, lo siguiente es ir con la víctima y con los testigos. De ser necesario se hace explotación del celular, con autorización judicial”, dice Custode, y resalta la tecnología de la Unase para identificar extorsionadores.

Para conseguir esto, recalca el director de la Unase, las denuncias son importantes. “A nosotros nos sirven para armar las estructuras (del delito)”. (I)