Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de un adolescente sentenciado por actos de odio en perjuicio de una joven y dejó en firme la condena de cuatro años de internamiento institucional, informó la Fiscalía.
Los hechos, según la Fiscalía, ocurrieron en una institución educativa fiscal del centro-norte de Quito, donde la víctima y el agresor eran compañeros de estudio.
Según una investigación de la Unidad de Justicia Juvenil N.º 4 de la Fiscalía, las agresiones verbales y físicas se repitieron durante aproximadamente un año.
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El último ataque se registró en marzo de 2023, cuando el adolescente golpeó a la joven en la espalda y le causó una lesión en la columna que le impidió caminar con normalidad.
Fiscalía inició el proceso tras la denuncia presentada en abril de 2023 por el padre de la víctima.
En la audiencia de juzgamiento, llevada a cabo en marzo de 2024, la fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil a cargo del caso expuso que los actos de odio, tanto físicos como psicológicos, provocaron graves afectaciones en la salud y en la vida cotidiana de la adolescente.
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Además, señaló que la situación económica de la familia impidió que la joven accediera a terapias de rehabilitación y que, como consecuencia de los hechos sufridos, se quitó la vida, de acuerdo con lo determinado en la autopsia medicolegal.
Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó testimonios de docentes, psicólogos, trabajadores sociales y personas del entorno cercano de la víctima.
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Además hubo pericias, entre ellas la experticia antropológica y la autopsia psicológica.
El caso fue procesado por el delito de actos de odio, tipificado en el artículo 177, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando los actos de violencia producen la muerte de una persona.
Al tratarse de un adolescente, el tribunal dispuso la aplicación de medidas socioeducativas, conforme lo establece el artículo 385 del Código de la Niñez y Adolescencia.
El fallo de la CNJ es de última instancia y también dispuso el pago de $ 3.000 como reparación integral a favor de los familiares de la víctima. (I)
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