La justicia negó la posibilidad de que Josué Ezequiel P. M., un marino de 21 años que intentó ingresar 16 chips de telefonía a una cárcel, recupere su libertad bajo otras medidas cautelares.

El joven fue capturado semanas atrás, cuando en una revisión de su mochila se halló un libro en el que estaban ocultos los chips. En ese momento cumplía funciones como miembro de la Armada en labores de seguridad en centros de privación de libertad.

Su defensa solicitó sustituir la prisión preventiva por otras medidas, como presentación periódica, prohibición de salida del país, uso de dispositivo de vigilancia electrónica o arresto domiciliario, considerando su edad.

Durante la audiencia presentó certificados que acreditaban que el marino fue un excelente estudiante, escolta y destacado deportista. El marino estuvo en una formativa de fútbol y gustaba del atletismo. Además de no registrar antecedentes penales ni procesos judiciales previos.

La defensa alegó también que, según un informe incluido en el expediente, en la extracción de información de los chips no fue posible obtener datos de seis números de teléfono porque estaban dados de baja, por lo que consideraba necesario un análisis más profundo.

La Fiscalía refutó estos argumentos y se opuso a la sustitución de medidas. El fiscal puso énfasis en que se trata de un funcionario público.

“Lo que sí está probado es que se trataba de un funcionario público, a quien, como sociedad, le encomendamos custodiar, cuidar y proteger, y que fue sorprendido con 16 chips que intentaba ingresar a un centro de privación de libertad. Eso sí está probado, eso sí está justificado y consta en las actuaciones procesales”, indicó el fiscal.

El funcionario de la Fiscalía recordó que el artículo 275, numeral 5, inciso 5 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si el autor de la infracción es un servidor público, como en este caso, la pena se duplicará. Esto significa que la sanción máxima pasaría de uno a tres años o de uno a seis años, según el tipo penal, lo que en cualquier escenario supera los cinco o tres años de cárcel.

Tras escuchar a las partes, el juez concluyó que, al tratarse de un caso con posibilidad de duplicar la pena, existe un alto riesgo de fuga y de inasistencia a la audiencia de juicio.

Señaló que el procesado, al ser técnico informático, “conocía perfectamente las circunstancias en las que trasladaba estos chips” y no actuó engañado.

Al no existir hechos nuevos que analizar ni cambios en las circunstancias que motivaron la prisión preventiva, el juez negó la revisión de medidas y dispuso que el procesado continúe detenido.

La aprehensión de este marino llamó la atención porque había tenido un buen desempeño académico en su formación y había participado de competencias.

Delito que se le imputa

El delito con el que se procesa a este marino es ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.

El 5 de agosto pasado, la Fiscalía notificó el cierre de la instrucción fiscal de este caso.

La Fiscalía pidió que se establezca una fecha para la audiencia preparatoria de juicio contra Josué Ezequiel P. M. (I)