Judicatura dice que se necesita una oficina del SNAI en Guayaquil para tramitar tantas solicitudes de los PPL tras anuncio de indultos

Tras el anuncio de que 2.000 personas podrían salir de las prisiones a escala nacional en medio de un programa de indultos para reducir el hacinamiento que hay en las cárceles, decenas de familiares llegan cada día a la Unidad Judicial Penal Norte 2, en el centro comercial Albán Borja, para conocer cómo se escogerá a los privados de libertad que serán liberados e iniciar los trámites para su allegado.

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El Gobierno informó que los principales beneficiados serían las mujeres privadas de la libertad y presos de la tercera edad, que tengan enfermedades terminales o algún tipo de discapacidad, sin embargo, las solicitudes para acceder al régimen semiabierto (libertad condicional) se han multiplicado en los últimos días.

María Josefa Coronel, directora provincial de la Judicatura del Guayas, explicó que antes cada quincena se recibían unas 40 solicitudes en promedio. Ahora, desde el 1 septiembre y la primera semana de octubre, se han recibido 149 solicitudes para régimen semiabierto y otros beneficios.

De esas solicitudes, que son enviadas a Quito con el expediente del preso, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) ha respondido solo 10, expresa la funcionaria.

Por eso, ella insiste en que es necesario descentralizar este tipo de trámites, pues actualmente cada carpeta debe ser enviada en físico a Quito para que allá un equipo técnico las revise y apruebe.

Luego son regresadas a Guayaquil y llegan a la Penitenciaría, donde supuestamente de oficio son enviadas donde el juez de garantías penitenciaria, sin embargo, los familiares cuentan que deben estar ahí pendientes para conocer si ya llegó la carpeta y si hay que llevarlas al juez, quien decide si firma la boleta de excarcelación o pide audiencia para conocer más detalles.

“En el mejor de los casos se demoran dos o tres meses y en el peor hasta seis meses para obtener un respuesta de Quito”, indicó Coronel, quien explica que entre los requisitos para acceder a la libertad condicional están haber cumplido al menos 60 % de la pena, tener buena conducta y hasta haber realizado talleres en la prisión.

Pero no en todos los casos se accede al régimen semiabierto. Personas condenadas por droga, por delitos sexuales o por delitos contra la vida no se pueden acoger a este beneficio.

“Mi pregunta es por qué el SNAI no tiene aquí una oficina para resolverle los problemas a la provincia más grade del país, a la provincia donde están la mayor cantidad de presos y violencia”, insiste Coronel, quien admite que con la ola de solicitudes ahora ni los jueces de garantías penitenciarios (son cinco en Guayas) se alcanzan y sostiene que está pidiendo ayuda a otros jueces.

“El indulto es un proceso individual, no se puede hacer un combo”, menciona la funcionaria de la Judicatura.

Según Bolívar Garzón, director del SNAI, se están revisando las carpetas, pero no existe todavía una fecha para concretar el perdón a los 2.000 reos. Además, reveló que hay solo 14 jueces de garantías penitenciarias y 5.000 expedientes represados que no se dan trámite. Son los jueces los que no agilitan los procesos, afirmó.

Este jueves autoridades de Gobierno, SNAI y Fuerzas Armadas comparecieron en el pleno de la Asamblea para explicar la situación de las cárceles en Ecuador.

Garzón dijo que en las cárceles a escala nacional hay 22.000 personas con sentencias y 15.000 presos sin sentencia, lo que representa el 40 % de los privados de libertad. También hay 516 detenidos por apremio y 500 más por contravenciones.

El hacinamiento en la Penitenciaría del Litoral está entre el 62 % y el 66%; y a nivel nacional, entre el 55 % y el 60 %. En Ecuador hay más de 38.000 personas privadas de la libertad.

Como parte de las estrategias del régimen para bajar el hacinamiento y el nivel de violencia también se gestiona la repatriación para que 82 presos extranjeros cumplan su sentencia en sus países de origen. Actualmente hay más de 3.500 extranjeros cumpliendo penas en las cárceles nacionales.

El 93,4 % de las personas privadas de libertada son hombres, es decir, son 35.816, y el 6,5 % son mujeres, 2.494.

El SNAI reveló que el 28,18% del total de presos fueron detenidos por delitos relacionados con drogas (microtráfico y narcotráfico), seguidos del 26 % por delitos contra la propiedad (robo), el 16 % por delitos contra la integridad sexual (violación) y el 13.5 % por delitos contra la vida (asesinato). (I)