El presidente Guillermo Lasso declaró, después de una reunión con los representantes de otras funciones del Estado, que “se han acordado acciones conjuntas para brindar una respuesta integral a la seguridad ciudadana”, entre esas está que los militares ingresarán de forma permanente a los reclusorios del país con el fin de resolver la crisis carcelaria.

“Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la Ley”, enfatizó Lasso.

El mandatario no explicó, en su breve declaración en la Gobernación del Guayas, cómo se sorteará el llamado de atención de la Corte Constitucional, cuya autoridad estuvo presente en la reunión, que limita el apoyo de las Fuerzas Armadas al control de los exteriores de las cárceles.

“Es indispensable enfrentar unidos ante este problema global, que nace en el narcotráfico”, dijo Lasso, quien anunció que se ha conformado un “acuerdo nacional por la crisis penitenciaria” que de inmediato implementará un proceso de pacificación, a través del diálogo, con apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.

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Además, se enviará un proyecto de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno, con la participación de la Procuraduría.

El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para agilitar los trámites de beneficios penitenciarios solicitados por los reclusos que tengan derecho a acogerse a la prelibertad.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo para acompañar un proceso de reparación integral, por parte del Estado, a las familias afectadas por esta tragedia.

Se tramitarán indultos a personas con enfermedades catastróficas que se encuentran en las cárceles.

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La Fiscalía, dijo Lasso, se comprometió a acelerar los procesos de investigación de los crímenes para la seguridad de los ciudadanos.

“La única forma de vencer a los enemigos es con la unidad del pueblo ecuatoriano, con la Constitución y la Ley en la mano, actuando con la firmeza que la situación lo requiere”, finalizó el presidente.

A la cita con Lasso en la Gobernación del Guayas acudieron la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; el titular de la Corte Constitucional, Hernán Salgado; la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida; la fiscal general, Diana Salazar, entre otros funcionarios públicos, ministros y comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas.

El anuncio del presidente se da en respuesta a la última reyerta en la Penitenciaría del Litoral que se saldó con la muerte de 62 internos a manos de otros reos que, según la Policía, pugnan por el poder en la venta de drogas tanto adentro como afuera de las cárceles.

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La Penitenciaría del Litoral es la prisión más poblada del país, con más de 8.000 reos repartidos en 12 pabellones.

Un día antes de la reunión con las autoridades del Estado, Lasso aceptó la renuncia a Bolívar Garzón como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Esa función se la encargó al anterior director, Fausto Cobo, quien continúa al frente del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

“Un acto de terrorismo”

Antes del pronunciamiento que realizó el presidente Lasso, el vocero del Gobierno, Carlos Jijón, opinó que los hechos ocurridos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la Penitenciaría constituyeron un acto de terrorismo para causar conmoción social, pues quienes fueron asesinados se encontraban en el bloque transitorio.

“Las evidencias parecen señalar otra cosa, porque quienes fueron asesinados no tenían vínculos con las bandas o pandillas. Pero los mataron de una manera cruel… Uno puede pensar que el objetivo era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación, que produzca un estado de conmoción nacional y al mismo tiempo acusar al Gobierno de ser el responsable de esta masacre”, anotó Jijón en una entrevista en Teleamazonas la mañana de este lunes.

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Incluso, no descartó que esto estuviese vinculado con propiciar inestabilidad política, articulada con el informe de los Papeles de Pandora que realizó la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, en el que se plantea la destitución del presidente de la República.

“Uno puede decir, en la semana que se va a discutir en la Asamblea, de manera ajena a la ley, pero se va a discutir, si existe un estado de conmoción social que justifique la destitución del presidente de la República, la noche del viernes se fabrica ese estado de conmoción social. Esto es una situación real, son hechos ciertos y públicos”, acotó.

El funcionario precisó que esta es su hipótesis; y recalcó que es un acto terrorista, en “un momento político en el que hay un informe que habla de que hay un estado de conmoción social sobre el cual se está pidiendo la destitución del mandatario”, añadió.

A su criterio, el país está “bajo el ataque de una mafia internacional, porque si creemos que esto se reduce a un enfrentamiento de pandillas o bandas, no estamos enfocando correctamente la situación, porque esto tiene ramificaciones políticas”. (I)